Con el estallido de la pandemia, en marzo del año 2020, y la subsiguiente imposición de medidas coercitivas para reducir la movilidad, la actividad y el contagio, el Gobierno activó un plan de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial que se lanzó para inyectar liquidez a las empresas por un período de 12 meses, después ampliado al doble, 24, por lo que un gran número de empresarios, incluidos los de la provincia, se pueden enfrentar a un problema a partir del mes de marzo, con los efectos de la pandemia todavía presentes. Junto con la activación de los ERTE contemplados en una legislación laboral tan cuestionada ahora desde el propio Ejecutivo, era la medida más relevante para impedir cierres de empresas y despidos masivos.

Para desplegar el plan, el Gobierno utilizó la red de banca privada, igualmente criticada sin duelo desde el área más radical del Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos, de tal forma que si bien el ICO aportaba los fondos, eran las entidades las que estudiaban las necesidades de cada mercantil para gestionar el crédito. Funcionó, y la prueba es que se utilizó de forma masiva y la Encuesta de Población Activa refleja un elevado índice de trabajadores empleados, pero el crédito hay que devolverlo.

Recurrir al apalancamiento es algo que ninguna empresa hace por gusto. El crédito es un recurso de emprendimiento o de expansión, pero cuando se acude a él por un principio de supervivencia los riesgos se disparan, y eso es algo que no quiere ni quien presta ni quien recibe. Lo advirtió sistemáticamente uno de los sectores más castigados por la crisis, el de la hostelería, y ahora llega el momento de la verdad.

A partir de marzo de 2022, lo que significa a la vuelta de la esquina para los afectados, habrá que comenzar a devolver esos préstamos. El problema es que entonces nadie previó que la crisis sanitaria se extendiera por tanto tiempo, y mucho menos que acabara derivando en otros problemas como el coste disparado de los suministros y materias primas o el de la inflación, con el ineludible impacto que esto tendrá en los costes laborales. Todo, en un ambiente en el que todavía planea la amenaza de restricciones que puedan afectar a la actividad económica de los sectores más golpeados.

Algunas entidades ya están renegociando los plazos con sus clientes. Es una postura loable y necesaria que debe hacerse extensiva a toda la banca. Ahora bien, el Estado no puede endosarle al sector privado el coste de la realidad e inhibirse de secundar los planes de refinanciación a medio plazo. El ICO debe seguir siendo el garante último del dinero, que pocas veces tuvo un destino más productivo.