Ningún hogar de la región podrá quedarse sin suministro eléctrico o sin gas por no poder pagar la factura a partir de enero de 2016. Las necesidades mínimas deberán quedar cubiertas, para lo cual se habilitará un bono social, de modo que la factura no superará el 10% los ingresos mensuales del hogar afectado.

Se trata de una de las cuarenta medidas concretas, contempladas en el acuerdo de investidura alcanzado entre  Podemos y el Partido Socialista, que este lunes será rubricado ante notario por los secretarios regionales de ambas formaciones, y por el que se establece la implantación de un «verdadero bono social», progresivo y adaptado a la capacidad de pago de cada hogar.

Una medida con la que se tratará de recuperar el carácter de servicio público para los suministros de gas y electricidad, como punto de partida en la lucha contra la pobreza energética.

De este modo, no se podrá cortar el suministro de electricidad o gas cuando se trate de la vivienda habitual del suministrado y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad y en particular por pobreza sobrevenida.

En estos casos, y previa evaluación por parte del Gobierno regional, se posibilitará este bono social, con el que el suministrado tendrá derecho a las mismas condiciones de acceso al suministro, ya sea eléctrico o de gas, por un periodo de un año, siendo ampliable «indefinidamente» año a año mientras su situación de pobreza se mantenga.

De este modo, el importe de la factura mensual de electricidad o gas correspondiente a satisfacer las necesidades mínimas -éstas se deberán establecer en el desarrollo de la norma- no podrá ser superior al 10% de los ingresos mensuales del hogar suministrado.

Pero el acuerdo entre el PSOE y Podemos también establece que las suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores, ni tampoco exigírsela a las Administraciones Públicas.

 

Comedores en verano y más becas, contra la pobreza infantil. Tendrá prioridad presupuestaria y será de aplicación inmediata para el nuevo Gobierno, que deberá asignar recursos para afrontar la pobreza infantil y, de forma específica, la malnutrición de los más pequeños. Para ello, el acuerdo contempla medidas concretas como la reforzar los servicios existentes de comedor de las escuelas infantiles, colegios de Primaria e institutos de Secundaria que los tuviesen durante el periodo estival.