Castilla-La Mancha ha hecho los deberes en materia de Dependencia cumpliendo con creces el plan de choque, y ahora quiere que el Estado también cumpla y avance en la «corresponsabilidad económica» que requiere la financiación de las prestaciones.

Es lo que trasladó este miércoles la consejera de Bienestar Social de la Junta, Bárbara García Torijano, al secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, en materia de dependencia durante el encuentro que mantuvieron en Madrid, y en el que puso sobre la mesa que la región ha reducido las listas de espera en este ámbito un 39%, muy por encima del 25% que se había marcado en ese plan. De este modo, consideró una «reivindicación justa» seguir potenciando esa financiación de manera «conjunta y coordinada» con el Estado para seguir incrementando el número de beneficiarios.

En este sentido mencionó que la Junta destina 436 millones de euros cada año a Dependencia, mientras que el Ministerio aporta 107, aunque en 2021 se alcanzó una cifra «récord» con 67.000 beneficiarios, señaló García.

También se abordó durante este encuentro la gestión de los fondos europeos, de los que la región obtendrá 125 millones en materia de Bienestar Social, que llegarán hasta los 136 gracias a dos proyectos: «uno de inclusión social y laboral y otro para una España más accesible».

Bárbara García recordó a Álvarez el decreto de mejora de las condiciones de las residencias recientemente aprobado en la región, siendo la segunda comunidad con mayor número de plazas públicas en residencias.