La primera y, hasta ahora, gran crisis en el Gobierno de Pedro Sánchez se ejecutó en julio. La llamaron profunda remodelación y fue incluso más allá. Cuando no quieres dar mucha difusión a algo, las vacaciones son tu mejor aliado. Agosto suele silenciar mucho más, pero también habría sido excesivamente descarado.
Ningún analista político fue capaz de predecir el volantazo que iba a pegar Pedro Sánchez. Ante la filtración de cambios, fuimos muchos los que miramos a Alberto Garzón. El ministro de Consumo había puesto en demasiados bretes al Gobierno. Sus propuestas, inconcretas, con poco rigor científico y dañinas para determinados sectores profesionales, obligaban a una matización continua por parte del propio presidente o de otros ministros socialistas. Aquel "donde me pongan un chuletón al punto... eso es imbatible" con el que Pedro Sánchez trató de zanjar la polémica sobre el consumo de carne pareció la puntilla definitiva contra Garzón, más aún cuando se anticiparon los cambios en el Gobierno. Nada de eso. El secretario general de lo que queda de Izquierda Unida era un permanente incordio, pero las preocupaciones eran mucho más graves y la reestructuración iba por otro lado. Incluso el inoperante Manuel Castells se salvó de aquella quema.
Salieron pesos pesados como José Luis Ábalos, Carmen Calvo y el todopoderoso Iván Redondo, convertido ahora en un guiñol que confirma que la nueva política está fundamentada en personajes tan efímeros como insustanciales. También se vieron obligados a abandonar el consejo de ministros Juan Carlos Campo y Arancha González Laya después de liderar dos comprometidos servicios para el propio interés de Sánchez. Uno, el indulto a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña; la titular de Exteriores, con toda la estrategia que urdieron para la entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario. La sola salida de Ábalos hubiera supuesto un escándalo, por todo lo que ha rodeado su misterioso destierro, plagado de agujeros demasiado negros. Así que se preparó un tinglado del que también quedaron apartados Isabel Celaá, José Manuel Rodríguez Uribes y Pedro Duque, pero del que se salvó Alberto Garzón.
Durante todo este tiempo, el ministro de Consumo se ha esforzado mucho en no pasar inadvertido. Está al frente de un departamento que perfectamente podría funcionar con una Dirección General, con todo el ahorro que supondría de asesores y de estructura burocrática. Su trabajo no va encaminado a solucionar los problemas reales de la gente; va dirigido a justificar un cargo que es la cuota de este Gobierno mastodóntico, fruto de una coalición cerrada con calzador y con permanentes rozaduras.
Es una obviedad que Garzón nos cuente que la calidad de la carne de un ganado que pastorea al aire libre no es igual que la procedente del engorde de animales en granjas. Que el jamón de los cerdos que viven en cualquiera de las dehesas españolas está más rico que el de los animales de macrogranjas. El problema es lanzar un argumento global que mata moscas a cañonazos y daña la imagen de toda nuestra industria cárnica. Lo que nos costaría la carne sin unas y únicamente con las otras es un debate que no le interesa al ministro.
¿Qué ha hecho Garzón por los pequeños ganaderos que aún se mantienen en nuestro medio rural? Que les pregunte por su asfixia, por el aumento del precio de los carburantes, de la luz y de toda la cadena productiva. Que se interese por las dificultades que tienen en los pueblos abandonados, en esa España vacilada con la que algunos pretenden hacer negocio político -y también económico- bajo el eufemismo de España Vaciada. Pero no esperen encontrar ahí el interés de Alberto Garzón. El ministro que calla ante el disparatado precio de la luz, ¿se va a preocupar por los ganaderos olvidados? No le interesa el consumo de un bien de primera necesidad, se va a mojar por el campo. Lo llevan claro.