El Gobierno de España ha fijado un importe de 318, 12 millones de euros por el rescate de la autopista AP- 36  entre La Roda y Ocaña, a la sociedad que construyó  y explotaba la vía. Tal y como informó el Ministerio de Transporte, la AP-36 que une las localidades de La Roda y Ocaña es la segunda de las vías quebradas de las que el Estado calcula una factura.

Así lo determina la fórmula que el Ejecutivo fijó para calcular la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) que debe asumir tras quedarse con las nueve autopistas que quebraron durante la crisis. Este es el importe que tiene que pagar a sus exconcesionarios por la inversión que realizaron en construirlas y no dio tiempo a recuperar. 

Cabe recordar, que el pasado año 2018, el Ministerio de Fomento asumió la gestión de diferentes autopistas, entre la que se encuentra la AP-36. Esta situación se produjo después de que el juzgado correspondiente hubiese  aprobado el plan de liquidación de la sociedad concesionaria y de que el Ministerio de Fomento  dictase una resolución de medidas provisionales para garantizar la correcta prestación del servicio que fijaba para el 15 de marzo  del  pasado año 2018  la gestión directa

La autopista AP-36 entre La Roda y Ocaña es la segunda de las nueve autopistas quebradas y actualmente gestionadas por el Ministerio sobre la que el Gobierno calcula esta factura. La estimación se realiza después de que la efectuada para esa primera, la M-12 Eje Aeropuerto, arrojara que el importe a pagar por el Estado es de «cero euros».

En el caso de la AP-36 La Roda- Ocaña, la fórmula determina una RPA de 319,90 millones, de los que 309,22 millones corresponden a las obras realizadas y los otros 24,5 millones, a las expropiaciones. No obstante, de esta cantidad estimada, el  Gobierno de España descuenta 11,64 millones por las inversiones que realizará en la autopista para mejorar su conservación y otros 2,20 millones por el ajuste a la baja realizado en las indemnizaciones pagadas a los expropiados. Además,  el gobierno nacional considera que debe retener 1,77 millones de euros más para hacer frente a futuros pagos aún pendientes por expropiaciones.

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