La Unión Provincial de Comisiones Obreras de Albacete está integrada por diferentes secretarías y federaciones, entre las que se encuentra la secretaría provincial de Políticas Sociales que lidera el albacetense Juan Zamora, un convencido defensor de los derechos humanos que cada día visita los asentamientos de trabajadores temporeros de la provincia, para conocer su situación y sus necesidades. En constante coordinación y contacto con las entidades sociales que trabajan con la migración e integrante del Consejo Municipal de la Inmigración y de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, Juan Zamora lleva consigo su teléfono móvil personal para atender llamadas a cualquier hora del día de aquellas personas, trabajadoras o no, que demandan información y asesoramiento sobre todo tipo de recursos sociales, de salud, laborales, de bienestar…
¿En qué situación se encuentra el colectivo de personas trabajadoras temporeras?
Como todos los años. Quizá un poco mejor por las medidas que ha tomado el Ayuntamiento, pero sólo hay que valorar las 4.000 llamadas que llevamos atendidas este verano, tanto desde el teléfono gratuito 900 104 939 que Comisiones Obreras de Albacete ha puesto a disposición de los trabajadores, como desde nuestros teléfonos personales, el mío y el del mediador intercultural que atiende este servicio.
¿Para qué llaman?
Llaman para solicitar información y asesoramiento, incluso acompañamiento, porque hay usuarios que tienen problemas con el idioma. En materia laboral preguntan mucho por las altas en la Seguridad Social y por los contratos, algo que no es exclusivo del campo, porque también atendemos a muchos trabajadores migrantes de la hostelería, del servicio doméstico y de los cuidados a personas dependientes. También son muy frecuentes las llamadas para conocer la tramitación y los criterios para acceder a una vivienda y para informarse acerca de préstamos de entidades bancarias. En el caso de que detectemos algún problema o situación concreta y específica, los derivamos también a las entidades sociales que pueden atenderlos mejor.
¿Es esta atención telefónica el único cometido de la secretaría provincial de Políticas Sociales de Comisiones Obreras?
Ni mucho menos, lo que ocurre es que durante el verano, el grueso de nuestro trabajo consiste en atender a los trabajadores temporeros y en visitar los asentamientos para conocer su situación y sus necesidades. Pero de forma paralela a estas actuaciones, hemos lanzado una campaña para informar a las familias más vulnerables sobre la publicación de las ayudas para adquisición de material escolar y ayudas para la infancia, y también hemos informado acerca del Salario Mínimo Interprofesional y del Ingreso Mínimo Vital.
¿Cómo es el perfil del usuario de esta secretaría provincial?
El 98% son extranjeros, porque la población oriunda de la provincia de Albacete que se encuentra en situación o riesgo de exclusión social conoce los recursos públicos y privados que hay a su disposición, cosa que no ocurre con la población migrante. De las personas que atendemos, el 85% son africanos, la mayoría subsaharianos procedentes de Senegal, Mali y Guinea, aunque también los hay de Marruecos, Argelia y Mauritania. El resto son latinos, este año hemos notado un incremento importante de personas procedentes de Colombia que han demandado nuestro asesoramiento.
Este año se ha cifrado en 400 el número aproximado de personas trabajadoras temporeras que se encuentran en distintos asentamientos irregulares de la capital. ¿Algún día se conseguirán eliminar estos campamentos tan insalubres?
Los asentamientos no tienen solución a corto ni medio plazo, puede haber mejoras, como la última modificación del reglamento de Extranjería, pero habría que atajar determinados problemas cronificados que impiden que estos asentamientos sean cosa del pasado.
¿Cómo cuáles?
Habría que empezar por las mafias y el gran problema que suponen para los temporeros los intermediarios. El problema es que las mafias se originan en sus propios países. En una aldea de Senegal, entre todos los vecinos eligen al joven que va a emigrar y ponen dinero para que venga a España en patera. Las mafias les cobran 3.500 euros solo por viajar hasta Dakar, la capital, y allí se esconden durante meses en los bosques a la espera de conseguir un puesto en la patera. Los engañan, los timan, hay abusos y asesinatos, incluso ahogan a los bebés si lloran para que no llamen la atención de las patrullas. ¿Alguien puede pararse a pensar qué situación tienen que tener estas personas en sus países de origen cuando deciden arriesgarse a emigrar, sabiendo muy bien a lo que se enfrentan en el camino?
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