La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que tiene más tacto que quien la sustituye en algún momento de las sesiones, ha llamado al orden a sus señorías por el alboroto de las sesiones. Como si el palacio de la Carrera de San Jerónimo, que conserva los impactos de los disparos del 23-F, fuera un aula de adolescentes de instituto a quienes hay que pedir educación y respeto hacia sus compañeros cuando se profieren insultos como los de  «bruja» y  «borracha» a una diputada, pasando de la libertad de expresión al odio. Esto es lo que ocurre en la sede que representa las esencias de la democracia pero que ha pasado a ser un foro de gritos y ofensas. ¿Qué ejemplo dan a los ciudadanos?
La excusa no sirve cuando se trata de comparar situaciones similares en otros parlamentos con una tradición democrática más larga, incluso las televisiones han ofrecido imágenes de puñetazos entre parlamentarios en otros países lo que viene a provocar vergüenza de que se haya podido votar a alguien que va a montar bronca y no a trabajar por los problemas generales y también los de la circunscripción que representan. 
Desde luego, se pierde toda credibilidad en quien luego dicta leyes, por otra parte cabezas de cartel de políticos que han llegado dopados a las elecciones fruto de una corrupción generalizada que les ha permitido hacer campañas de lujos y regalos. Batet se ha preguntado ante los diputados si «somos conscientes de lo que proyectamos hacia afuera, de lo que estamos trasladando, especialmente a los jóvenes, a las nuevas generaciones que escuchan los debates parlamentarios, a los políticos y la voz de la democracia en España». 
O no son conscientes, que ya sería grave, o lo hacen a propósito, lo que merece la repulsa de plano porque no llegan a la altura del sueldo que perciben, tampoco como personas. En el fondo están poniendo en peligro la propia democracia -podrían mirar a la bóveda antes de hablar, para ver la huella de un asalto militar- porque se produce un efecto que cala en parte de la población y la crispación se traslada a la sociedad, aparte de la pérdida de confianza en las instituciones, en este caso de la que emana las leyes que hay que cumplir.
Hubo un momento en que los debates parlamentarios se medían por la calidad de sus oradores, pero nunca por la violencia verbal que se respiraba entre los escaños y a que se llegara a considerar ilegítimo algo votado y aprobado por la mayoría. Es decir, que ni siquiera se cree en el sistema. 
No es malo que, al hilo de la llamada de atención de la presidenta, que sufre esta situación a diario en primera persona, porque es quien tiene la obligación de guardar el orden, cambiara la actitud de los legítimos representantes de los ciudadanos, porque han obtenido mayoría de votos por encima de sus contrincantes políticos, y regresaran a la próxima sesión guardando las más elementales normas de educación, comportamiento que piden a los demás.  Al poder se llega con trabajo, ideas y proyectos, además de con los votos, pero nunca a tortas ni insultándose.