El Consejo de Gobierno ha aprobado las convocatorias de discapacidad para entidades sociales y locales que ascienden a 58 millones, 1,1 millones más que en 2019. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, indicó en rueda de prensa que esta inversión servirá para financiar 289 centros y llegar a más de 10.500 familias de forma directa en las cinco provincias.
Sánchez explicó que la primera de estas convocatorias va dirigida a entidades locales con una cuantía de 6,7 millones y tiene como objetivo cofinanciar los gastos de personal y mantenimiento de centros destinados a la atención directa y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de la región. Estos centros están destinados a desarrollar programas de apoyo residencial (viviendas con apoyo y residencias), de integración socio-laboral (centros ocupacionales), de apoyo a la autonomía personal (centros de día), y programas de atención temprana (centros de desarrollo infantil y atención temprana). Esta convocatoria va destinada a un mínimo de 31 entidades locales que gestionan recursos en el ámbito de la discapacidad intelectual y que concurrieron a la convocatoria de 2019.
Por otro lado, la segunda convocatoria va dirigida a entidades privadas con una cuantía de 51,1 millones, destinada a cofinanciar los gastos de personal y mantenimiento de centros y servicios para personas con discapacidad. Estos centros están destinados a desarrollar programas de apoyo residencial (viviendas con apoyo y residencias y CADIG), de integración socio-laboral (centros ocupacionales), de apoyo a la autonomía personal (centros de día) y además de atención temprana (centros de desarrollo infantil y atención temprana).
Esta segunda convocatoria va destinada a un mínimo 194 entidades de iniciativa social (96 de carácter regional y 98 de ámbito provincial) y que concurrieron a la convocatoria del ejercicio 2019.
ACUERDO CON EL CERMI. Por último, la consejera de Bienestar Social adelantó que el próximo Consejo de Gobierno mejorará el modelo de atención a las personas con discapacidad gracias al acuerdo de colaboración firmado con el Cermi. Se trata de un decreto de concesión directa dirigido a aquellas entidades que de «forma excepcional han necesitado más apoyo económico en 2019».