La nueva la Ley de Patrimonio de la Junta ha salido adelante si problemas este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha. Una normativa de carácter técnico que viene a sustituir a la aprobada en 1985 y que, pese a los muchos ajustes realizados en estos 35 años, necesitaba ya una puesta a punto global. Tanto el PP como Ciudadanos han dado su apoyo a esta norma, tras lograse un acuerdo de última hora en la tribuna de las Cortes.

El diputado socialista Fernando Mora ha definido a la perfección el «carácter estrictamente técnico» de esta normativa, afirmando que es una «ley políticamente aburrida, pero jurídicamente necesaria». Y es que, la estructura y competencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1985 nada tiene que ver con la situación actual, con un Gobierno regional que cuenta en su haber con los más de 7.200 inmuebles y 2.200 vehículos.

No obstante, desde Ciudadanos se recrimina a la Junta que no haya sido «audaz» en la redacción de esta ley. Como apunta el diputado ‘naranja’ David Muñoz, el Gobierno regional «peca de conservador». Con este texto «se cubre el expediente, pero no se avanza».

Una norma «conservadora». A su juicio, «la ciudadanía quiere reformas, también en la gestión del patrimonio de la Junta». Reformas como las incluidas en sus enmiendas - no aceptadas- para mejorar la gestión de las empresas públicas, que, entre otras cosas, pedían terminar con la elección «a dedo» de los consejos de administración de estos entes y que su trabajo fuera evaluado.

Asimismo, Ciudadanos echa en falta que esta ley no aporte en su articulado medidas para luchar contra la ocupación ilegal de las viviendas públicas, algo que propia Junta le está exigiendo ya a los bancos. Como apunta Muñoz, «consejos vendo, para mi no tengo».

En este sentido, la formación naranja ha condicionado su voto a favor a esta ley a la inclusión de estas medidas ‘antiocupación’ en futuras normativas regionales. En concreto, o en la ley SUMA, que este jueves ha entrado en las Cortes, o en la que ya se esta tramitando sobre ocupación ilegal. Un guante que ha recogido el PSOE. Según Fernando Mora, «no habrá ningún problema en que en el debate sobre la ley antiocupación aceptemos un enmienda en este sentido». Incluso, apunta la posibilidad de incluirlo también en la futura de ley de vivienda regional.

Sin toque rural. Por su parte, el PP echa en falta una ‘visión rural’ en la redacción de esta ley. El ‘popular’ Benjamín Prieto reclama medidas como la «adjudicación directa» de inmuebles cuando se destinen para actividades que incidan en el desarrollo rural y en la fijación de población. Como indicó durante el debate de las enmiendas a esta ley, «si la Administración regional tiene viviendas que no se estén utilizando en el mundo rural, que otra administración la pueda utilizar», refiriéndose especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Desde el Gobierno regional, el consejero de Hacienda explica al PP que, si bien comparte la preocupación ‘popular’ por la despoblación, «no es lo más adecuado» introducir estas enmiendas en este sentido en esta ley. Máxime cuando el Ejecutivo está ya preparando un texto específico sobre el reto demográfico.

Esta nueva normativa consta de 138 artículos, más del doble de los que tiene la ley actual, convirtiéndola en una de las legislaciones más avanzadas y novedosas en la materia, según insiste el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Entre las novedades que incorpora, destaca la nueva regulación de los negocios jurídicos patrimoniales, es decir, aquellas cuestiones de derecho público relativas a la adquisición y enajenación de bienes y derechos por parte de la Junta.

También establece el régimen jurídico de las autorizaciones y concesiones demaniales, de tal forma que se regulan los supuestos que legitiman el otorgamiento de las mismas, los nuevos plazos máximos, el régimen económico o el contenido mínimo de los pliegos reguladores.

Por otro lado, se regulan los aspectos fundamentales de la tramitación de los expedientes de investigación, deslinde y de recuperación de la posesión, ajustando dicha tramitación a las normas y principios del procedimiento administrativo común, al tiempo que se acomete un régimen sancionador completamente nuevo y que se adecua a las prescripciones del resto de normativa administrativa. Además, por primera vez se aborda la utilización, planificación y coordinación de los edificios de uso administrativo o institucional de la Junta.