Entre las muchas exigencias normativas que tienen que afrontar las explotaciones agrícolas y ganaderas españolas, las encaminadas a proteger el medio ambiente y luchar contra los efectos del cambio climático están sin duda entre las más importantes. Un buen ejemplo de ello es que la próxima Política Agraria Común (PAC) destinará al menos un 40% de las ayudas a estos fines y entre esa cantidad destacan los nuevos ecoesquemas (23% de las ayudas directas), que de momento no están contentando a casi nadie. Las siete opciones a las que acogerse que ha propuesto el Ministerio han dejado muchas dudas por la posibilidad de que algunos profesionales no puedan acceder a ellas. Pastores sin pastos o agricultores dedicados a determinados cultivo parece que lo van a tener complicado para poder acceder a esas cantidades que suponen casi una cuarta parte de la PAC.

En cualquier caso, según el avance de emisiones de gases de efecto invernadero que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en 2020 España liberó a la atmósfera 271,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, de los que 38,2 millones (el 14,1 % del total) proceden del sector agrario. Con estos datos, al sector agroalimentario de España no le queda más remedio que encarar la lucha contra el cambio climático con el reto de implementar más prácticas ambientales para reducir las emisiones contaminantes. La actividad agropecuaria hace uso de una gran cantidad de terreno y es lógico que esté sujeta a ciertas condiciones que garanticen el mantenimiento de los ecosistemas en los que se desarrolla. Pero los requisitos en este ámbito están aumentando en los últimos tiempos hasta el punto de que el sector ve complicado que se puedan cumplir y en algunos casos los tachan de exagerados.

Quizá el asunto que más ampollas está levantando últimamente sea la estrategia 'De la granja a la mesa' que se quiere imponer desde Bruselas. La Comisión presentó en mayo de 2020 esta iniciativa dándole un papel clave en el marco del Pacto Verde Europeo. A fin de contribuir al logro de la neutralidad climática de aquí a 2050, la estrategia pretende hacer evolucionar el sistema alimentario actual de la UE hacia un modelo sostenible, aunque agricultores y ganaderos se quejan de que se ha diseñado sin tener en cuenta las consecuencias que va a tener para ellos y para la soberanía alimentaria de la Unión.

Uno de los puntos más calientes es la reducción de plaguicidas y fertilizantes, que puede poner en riesgo la producción de alimentos suficientes y asequibles (que, curiosamente, es el primer punto de 'De la granja a la mesa') tanto para las personas como para el ganado, pasando de ese modo a depender de terceros países que cultivan con métodos mucho más lesivos para la naturaleza que los que hoy se practican en Europa.

Cooperativas Agro-alimentarias explica que el Estudio de Impacto del Centro de Investigación de la Comisión Europea (JRC) indica que la implementación de esta estrategia puede tener consecuencias en el sector agrario europeo, vaticina una reducción de la producción de la UE de hasta el 17% en algunas producciones y países, un aumento de precios a los consumidores de hasta el 45%, una bajada de exportaciones y un aumento de las importaciones. A pesar de que este estudio de impacto indica que puede haber una reducción de emisiones de CO2, metano y nitrato, reconoce que, sin medidas de protección en frontera y sin un cumplimiento de los mismos requisitos medioambientales a las importaciones procedentes de terceros países, más de la mitad de esa cantidad de emisiones se fugarían hacia otras zonas por la deslocalización de la producción, añaden desde Cooperativas.

Curiosamente, este estudio no fue revelado al Parlamento por parte de la Comisión. «Nos trataron de ocultar sus preocupantes conclusiones», dijo el eurodiputado español Juan Ignacio Zoido (PPE), que consideró que en la estrategia 'De la granja a la mesa' para cambiar la producción y consumo hacia un sistema más sostenible hay «demasiada ideología y falta de respaldo científico». La socialista Clara Aguilera indicó por su parte que «se han identificado posibles problemas y dificultades» que generarán los cambios previstos en la estrategia, por lo que consideró «importante» que la Comisión Europea desarrolle «estudios de impacto» de todas las medidas y que se incorporen los ya realizados.

Cooperativas lamenta, además, que se omitiese en la última versión de la Comunicación de la Estrategia 'De la granja a la mesa' el hecho de que la agricultura y ganadería europeas representan únicamente el 1% de las emisiones de CO2 a nivel mundial y han reducido sus emisiones desde 1990 un 20%, disminuyendo también la liberación de nitratos un 18% y los antibióticos un 34% desde 2008.

En Unión de Uniones denuncian que la aprobación de la estrategia por parte del Parlamento Europeo «refrenda irresponsablemente los objetivos de la Comisión que se traducirán en la reducción del uso de fertilizantes, fitosanitarios, antimicrobianos, en la eliminación de la cría ganadera en jaulas y, en términos generales, en un mayor nivel de compromisos ambientales y de bienestar animal. Esto es así pese a que el Parlamento reconoce que el modelo europeo es ya el más exigente del mundo, que no se cuenta con mayores recursos financieros para apoyar esta transición, que no se han medido los efectos de la misma y que tampoco se cuenta en la actualidad con mecanismos que garanticen esos mismos estándares por parte de las producciones importadas desde países terceros». Asimismo, lamentan que se ignore «que los profundos cambios y los avances innovadores que serían necesarios para modificar los actuales patrones de producción y consumo no es posible que estén listos para acompasarse con las restricciones que la Comisión pretende imponer en el corto plazo».