La denuncia de unos padres de la localidad catalana de Canet del Mar para que su hijo, que cursaba educación infantil en el centroTuró del Drac, pudiera recibir el 25 por ciento de las clases en castellano provocó que a principios del pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligara a la escuela a impartir desde el 8 de diciembre en una de sus aulas una cuarta parte de la materia en castellano. En un principio, la medida, lejos de generar polémica, fue acatada por el colegio, que organizó los tiempos y las asignaturas para cumplir con la resolución judicial. Sin embargo, una reunión con los padres del centro para explicarles los cambios que se iban a producir ha desencadenado una polémica que ha situado en el centro de una infame diana a los progenitores y al menor, señalados de manera deleznable por una turba independentista que siente un odio enfermizo contra todo aquello que tenga que ver con España y, por ende, con el español.

El ensañamiento contra esta familia ha llegado a tal extremo que una web de la izquierda radical secesionista ha desvelado los datos de los padres e incluso han identificado el negocio que regentan en la localidad, una frutería a la que están tratando de boicotear, pero que también está recibiendo el respaldo de muchos ciudadanos que se sienten identificados y critican sin ambages la política de hostigamiento que están llevando a cabo los de siempre. La situación, que en ocasiones se asemeja a lo que ocurría en la Alemania nazi, no es la primera vez que se da. Existen precedentes en los que las familias no tuvieron otro remedio que abandonar el centro escolar para evitar que sus hijos fueran marginados por defender su derecho a formarse en castellano.

Lo más preocupante de lo que se está viviendo en Canet del Mar es la inacción de un Gobierno que, mientras en otras ocasiones no ha tenido problemas en criticar lo sucedido o en convocar de manera urgente la comisión contra los delitos de odio, en este caso ha querido pasar de puntillas, con el silencio de la mayoría de sus ministros o, peor aún, con las controvertidas declaraciones de Alberto Garzón o del propio Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. Las únicas palabras de aliento fueron las de Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, que ofreció su colaboración a la Generalitat para garantizar la protección de la familia y el menor. Quizás la negociación de los presupuestos y el apoyo de ERC a los mismos sea la verdadera razón para que el Ejecutivo no diga alto y claro que lo que sucede en Canet es inadmisible, la punta del iceberg del apartheid que impulsa el secesionismo y se vive a diario en Cataluña.