El Gobierno regional quiere sacar una Ley de Agricultura Familiar, que en estos momentos está en fase de siembra. Hasta el 19 de mayo se ha abierto una consulta pública previa sobre este anteproyecto. Todavía no hay borrador, por tanto, pero la Consejería de Agricultura sí avanza en el Portal de Participación  cuáles son sus objetivos y qué problemas se pretenden solucionar. En algunos casos, da ideas bastante concretas de las medidas que se podrán tomar cuando esta normativa se apruebe. 

Una de las propuestas que hace es la declaración de Zonas de Protección Agraria. Se hará en aquellos territorios en los que mantener la actividad agraria sea un factor «de gran relevancia» tanto desde el punto de vista económico, ambiental o social. 

Por concretar un poco más, se señala que se podría declarar esta  figura de protección en zonas de «abandono generalizado» de la actividad agrícola, cuyas consecuencias podría derivar en procesos de erosión y desertificación. También se podría recurrir a este mecanismo cuando haya riesgo de «desaparición o degradación» de la actividad agraria y eso ponga en peligro los paisajes agrarios y las instalaciones y los modos de vida asociados a la actividad agraria. Otro de los motivos que podrían llevar a la Junta a declarar una Zona de Protección Agraria sería detectar áreas en las que se pueda mejorar el aprovechamiento agrícola introduciendo nuevos cultivos, logrando explotaciones con dimensiones más idóneas o realizando infraestructuras que aumenten la calidad de la vida de los habitantes.  

Fondo de tierras disponibles. La normativa que plantea Agricultura también recoge otra solución para el abandono de terrenos de cultivo. Aquí entraría en juego lo que se denominaría el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla-La Mancha. Se haría para recuperar «las parcelas agrarias abandonadas o en previsión de abandono» y asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias. La información que por ahora facilita el Gobierno regional explica que se configurará «como un registro administrativo de carácter público» para facilitar la puesta en contacto entre oferta y demanda de parcelas agrarias. Lo gestionará la propia Consejería de Agricultura.  

En Castilla y León, la Ley Agraria de 2014 ya contemplaba este mecanismo de un Fondo de Tierras Disponibles. 

La declaración de una Zona de Protección Agraria o este fondo de tierras son algunas de las medidas que podría traer esta ley. En la consulta previa lo que se hace es reivindicar la importancia de mantener la agricultura familiar. Explican que estas explotaciones son un ejemplo de cómo administrar las tierras y alcanzar buenos niveles de productividad, a pesar de tener menos acceso a recursos productivos.  

En la agricultura familiar se conserva el buen hacer de técnicas de manejo complejas, a veces en territorios marginales y con no pocas dificultades. Por eso la Junta defiende la necesidad de sacar una ley para «regular, actualizar y aprovechar todo el potencial de esta agricultura y luchar contra la despoblación y el desarrollo rural».