El Tribunal Supremo dictaminó ayer por unanimidad que las rebajas aplicadas a los depredadores sexuales beneficiados por la manida 'ley del solo sí es sí' que promulgó el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, con la aquiescencia inicial del PSOE, que solo reculó cuando ya era manifiesta la grieta legal, son correctas.
La Fiscalía General, ahora en manos de Álvaro García Ortiz, había ordenado a las fiscalías territoriales recurrir las resoluciones de las audiencias provinciales, que consideraban que la entrada en vigor de la ley de Montero y Podemos abría una vía de escape a los agresores. Esto es, que la ley estaba mal hecha y beneficiaba a los condenados. Podemos, en una huida hacia adelante, pueril y tremendamente dañina, trató de aferrarse nada menos que a una disposición transitoria de la reforma de 1995 del Código Penal, algo que el Supremo rechaza de plano después de estudiar los casos vistos en nada menos que 14 audiencias provinciales.
Resulta, por tanto, que los jueces y juezas no son machistas recalcitrantes. Y resulta, por tanto, que la ley estrella de la ministra Montero, que el PSOE aplaudió hasta que se conocieron sus tremendas consecuencias, estaba mal hecha. Ni conspiraciones, ni poderes podridos. Un garrafal, inaceptable e indecente fallo legislativo que ya cotiza entre las mayores chapuzas de la democracia, con aspiraciones de liderar el ránking.
A día de hoy, casi 1.100 condenados por delitos sexuales de toda condición han visto reducidas sus penas, algunos con la consecuencia de ser puestos en libertad de forma inmediata. Y todo esto ha sucedido sin que Pedro Sánchez haya cesado a Irene Montero, ahora en dificultades para perpetuarse en el circo político por la efervescencia de Yolanda Díaz y la muerte asistida de Podemos, a quien el electorado español envió un mensaje demoledor el 28-M. Pero Montero y Sánchez no son los únicos retratados.
La Fiscalía General se proyecta como un guiñapo al servicio del gobierno de turno, tal y como ya dijo Sánchez cuando preguntó, altivo y resuelto, de quién depende la Fiscalía. Hablaba entonces de traer a Puigdemont a España, cosa que no ha hecho. Por el camino, eso sí, indultó a los golpistas del fallido proceso de independencia de Cataluña. Coincide la unanimidad del Supremo con la petición de dimisión que la Asociación de Fiscales ha hecho al fiscal general por las maniobras para, a las órdenes del Gobierno agonizante, nombrar a Dolores Delgado, otrora ministra de Justicia de Pedro Sánchez, como fiscal de Sala de Memoria Democrática. La manipulación de García Ortiz incluye intentar desacreditar a la exfiscal general Consuelo Madrigal o el adelanto de las reuniones para proceder al nombramiento. Indecente