La política agraria en la Unión Europea ha dado un giro importante este año. La nueva PAC se lo está poniendo difícil a los profesionales del campo, que aún no tienen claras muchas cosas y se enfrentan a nuevos requisitos -unos a pie de campo y otros burocráticos-, a veces muy difíciles de cumplir por diversas razones. Y a ello se une el acelerón que han experimentado las iniciativas verdes y de bienestar animal, que van a obligar a agricultores y ganaderos a una rápida adaptación a costa, en muchas ocasiones, de reducir la producción.

Por eso la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado a las Administraciones públicas, tanto a Gobierno central como a comunidades autónomas, que tomen las medidas oportunas para que la burocracia asociada a la nueva PAC no dificulte la tramitación de las ayudas. Unas ayudas cuyo plazo de solicitud comenzó el 1 de marzo y se prolongará hasta el 31 de mayo para más de 650.000 perceptores en España.

A pesar de que el plazo comenzó hace más de veinte días, las aplicaciones que el Ministerio de Agricultura y las autonomías habilitan para solicitar las diferentes ayudas que conforman la PAC siguen sin estar pulidas y su funcionamiento es, según informan los técnicos desde las oficinas de UPA en toda España, «muy mejorable»; incluso en algunos casos el proceso está detenido por el mal funcionamiento de la aplicación SGA. Y lo malo es que esto se produce en un momento crítico, con importantes cambios y novedades llegados de la mano de la nueva PAC, recién entrada en vigor, recuerdan desde la organización.

Una de esas nuevas obligaciones es la de que cada agricultor rellene un cuaderno digital de explotación. Un requisito que UPA ya logró flexibilizar para los pequeños agricultores. Según la normativa actual, esta obligatoriedad entrará en vigor el 1 de septiembre de este año para los agricultores que dispongan de más de 30 hectáreas de cultivo o de pastos o más de 10 hectáreas de cultivos permanentes. En el caso de los que dispongan de menos hectáreas lo hará más tarde: el 1 de julio de 2024.

En todo caso, son las comunidades autónomas quienes deben facilitar a los agricultores y ganaderos las aplicaciones para el cuaderno digital a partir del 1 de julio de 2023. Sin embargo, dada la complejidad de la gestión y el poco desarrollo de las aplicaciones informáticas, UPA reclama que la prórroga que afecta a pequeñas explotaciones se aplique a todas en general, al menos hasta que todos los problemas detectados sean resueltos.

Ganadería.

Por otro lado, UPA ha pedido a la Comisión Europea una «reflexión profunda» sobre sus planes en materias relacionadas con la producción de alimentos de granja, especialmente con las propuestas de directiva de bienestar animal y de emisiones industriales, por los efectos perniciosos que estas normas podrían tener en la producción de alimentos, en el precio y disponibilidad de los mismos y en la soberanía alimentaria de todo el continente.

En las últimas semanas se han conocido ciertos planes de la Comisión que pretenden modificar la norma que regula el transporte de los animales vivos o la densidad de animales que pueden criarse en una granja. Un informe no vinculante de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), publicado el pasado otoño, aboga por establecer mayores exigencias para el transporte de animales, lo que, según denuncia la organización agraria, puede afectar negativamente a países grandes y periféricos, como es el caso de España, que requieren de grandes desplazamientos.

Desde UPA han mostrado su «honda preocupación» sobre los rumores de las propuestas que prepara la Comisión. «Los ganaderos somos quienes cuidamos a los animales y los mayores interesados en respetar su bienestar», resaltan. Pero estas medidas pueden tener un efecto destructivo en el sector ganadero, en tanto en cuanto incrementarían enormemente los costes «hasta niveles inasumibles». El efecto sería directo sobre los precios de los alimentos de granja como carne, huevos y leche, que alcanzarían cotas demasiado altas para la población. Los ganaderos califican de inaceptables las propuestas de reducción de la producción de las granjas. Según los cálculos de UPA, el informe de la EFSA habla de reducir hasta en un 72% la población de pollos en una granja. «Una cifra que se traduciría en desabastecimiento y encarecimiento extremos», remarcan.

Sobre el transporte, la propia Comisión Europea reconoce que son los ganaderos quienes asumen la mayor parte del coste del mismo, una injusticia que desde UPA abogan por abordar cuanto antes. «Las medidas propuestas deben ser proporcionadas y lógicas, fomentando la modernización sin centrarse en la prohibición», reclaman.

Por último, UPA también ha pedido a la CE que reflexione sobre el proyecto de directiva de emisiones industriales, que pretende equiparar las exigencias que se aplicarían a las granjas a las de las factorías. «Por más que algunos se empeñen, una granja no es una industria. En las granjas se cuida de los animales, no se fabrican alimentos», aseguran desde UPA, «por lo que la realidad del sector productor debe ser tenida en cuenta y respetada. Nos jugamos la alimentación de todos».

Todas estas exigencias son un palo en la rueda para el sector, pero duelen más si cabe porque, en general, no se aplican ni se van a aplicar a las importaciones provenientes de terceros países. En la Unión Europea se eliminan prácticas que se consideran inadecuadas por diferentes razones, pero la impresión es que solo se subcontratan a territorios con una legislación más laxa, dejando además en inferioridad a los productores comunitarios a la hora de comercializar sus productos.