Editorial

La hoja de ruta impuesta por Puigdemont hizo escala en Ginebra

-

A estas alturas ya no existe discusión acerca de quién lleva el timón de un proceso que culminará, si los estamentos judiciales no lo remedian, en la amnistía de Puigdemont y del resto de responsables del 'procés', además de otras prebendas. Pero la voracidad insaciable del secesionismo les hace no conformarse con la medida de gracia o la condonación de la deuda a Cataluña. Las formas para alcanzar estos objetivos también cuentan. Y buscan hacerlo humillando al Estado español gracias a la debilidad de un Sánchez que en su huída hacia adelante, con el fin de prolongar su estancia en La Moncloa, no duda en dinamitar desde dentro las instituciones garantes de la democracia o poner el solfa mecanismos vitales como la separación de poderes, sostén del Estado de derecho. 

 El encuentro de este pasado sábado en Suiza entre Junts y los socialistas, avalado por el presidente del Gobierno, con verificador secreto de por medio, fue la puntilla a una semana convulsa en el plano internacional en la que Sánchez se ha coronado con el agravamiento de la crisis diplomática con Israel. Un choque de consecuencias incalculables provocado por el afán de protagonismo del mandatario español y la excesiva sobreactuación a la que acostumbra. La actitud pugilista que evidencia con Israel contrasta con la sumisión que muestra hacia el independentismo catalán y la ya simbólica rendición de Ginebra. Una de las que vendrán.

Los prolegómenos al opaco encuentro en tierras suizas delataron a un Sánchez que ha asumido sin cortapisas el relato de un Puigdemont que una vez más tuerce el brazo al partido del Gobierno, necesitado de su apoyo. El líder socialista compra un argumentario que pone en la diana al Poder Judicial, con el que amplía la brecha. En TVE, hablaba esta semana el presidente del Gobierno de la existencia del famoso 'lawfare' o la persecución política por parte de los jueces al señalar que «definitivamente» se han instrumentalizado instituciones públicas para perseguir a adversarios políticos y ocultar pruebas en causas judiciales, en relación a la 'Operación Kitchen'. Un ataque sin precedentes a la judicatura que el viernes remedaba la presidenta del Congreso. Francina Armengol afirmaba que la democracia «tiene peligros» si la ciudadanía siente que el poder judicial no es independiente. Es el mensaje de los que de un tiempo a esta parte viven empeñados en volar puentes.

Por si lo anterior fuera poco, Bolaños también se ha puesto en evidencia niveles continentales. Desde la Comisión Europea desmentían al nuevo titular de Justicia español al afirmar que «no hemos dicho que la Ley de Amnistía nos plantee cero inquietud». Uno más de una serie de despropósitos que pone a España en la diana de las instituciones europeas y que vivió otro episodio, en Ginebra, atendiendo al guión diseñado por el prófugo Puigdemont.