Los tiempos cambian, es inevitable. Cada vez más rápido y en todos los campos de la vida. Y la agricultura y la ganadería no se quedan fuera de esta evolución constante; o al menos no deberían. Los profesionales del campo tienen que adaptarse a una realidad cambiante si pretenden que las actividades que les dan de comer (a ellos y a toda la población) sean sostenibles social, ecológica y, sobre todo, económicamente. Y, a la hora de poner en práctica los cambios que va demandando la sociedad, los entes públicos tienen que tener en cuenta a agricultores, ganaderos y gestores forestales como lo que son: el sector primario, la base de la alimentación mundial.

Por ello, con más de 60 propuestas económicas, sociales y políticas, compendiadas en un decálogo, el Foro de Acción Rural (FAR) presentó recientemente en Madrid un documento que supone una hoja de ruta de consenso para el futuro de las zonas rurales y de la sociedad en su conjunto. Estas propuestas tienen en sí mismas un gran valor en tanto en cuanto son propuestas consensuadas por organizaciones rurales, sindicales, ecologistas, agrarias, forestales, cinegéticas, de mujeres rurales, ecologistas y municipalistas.

Las organizaciones que constituyen el FAR reunieron a responsables de asuntos rurales de las fuerzas políticas PSOE, PP, Podemos y Teruel Existe para presentarles sus propuestas y debatir con ellos sobre su puesta en marcha. «Los partidos tienen una enorme responsabilidad a la hora de abordar los problemas del medio rural. Les pedimos que reflexionen sobre nuestras recetas, las incluyan en sus programas electorales y busquen consensos para su puesta en marcha». El Foro de Acción Rural ha articulado sus propuestas en base a diez epígrafes, como servicios públicos e infraestructuras, políticas sociales -en especial de apoyo a mujeres y jóvenes-, apoyo a la agricultura y ganadería familiar, cambio climático, medio ambiente, bosques o desarrollo rural.

Adaptarse o morirUna de las conclusiones a las que ha llegado el FAR es que la despoblación del medio rural es un problema grave para la sociedad y debe ser afrontado desde diversos puntos de vista. El objetivo es sencillo: toda persona debe tener la oportunidad de vivir y trabajar en un pueblo. Para ello, los habitantes de los pueblos deben ser protagonistas de las políticas que les afectan. Políticas que deben ser valientes, eficientes y útiles. «Nos jugamos el futuro de toda la sociedad».

El primer punto de su decálogo plantea asegurar la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales contra el despoblamiento a través de estrategias de ordenación territorial para el desarrollo rural, visibilizando el papel del municipalismo. Para ello es necesario generar empleo estable, mejorar los servicios y equipamientos básicos en los pueblos y garantizar la conexión entre lo urbano y lo rural, aseguran desde el FAR.

En segundo lugar se insta a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el papel de la mujer en el sector primario y atacando el círculo de masculinización-envejecimiento-despoblamiento, además de poner en valor el trabajo realizado por las mujeres como base del desarrollo del medio rural. Para ello hay que mejorar y actualizar el conocimiento sobre la situación de las mujeres del medio rural, además de emprender otras acciones como fomentar la Ley de Titularidad Compartida o promover la labor de las asociaciones de mujeres del medio rural, según explica el documento.

También se solicita apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes a actividades en el medio rural, especialmente en el sector agrícola, ganadero y forestal, y la aplicación de medidas complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector, con especial esfuerzo para aquellas explotaciones y modelos de mayor valor socio-ambiental. En este tercer punto el FAR propone incentivar la transmisión de explotaciones y derechos y dar un empujón a los bancos de tierras para facilitar el acceso.

Familiar y rentable.

En el cuarto apartado se pide impulsar un modelo de agricultura familiar sostenible constituida por unos profesionales que residan y trabajen en el medio rural y cuya principal renta y dedicación provenga de una actividad agrícola y ganadera que aplique métodos de producción ambientalmente sostenibles y conserve el patrimonio natural y cultural. Para ello debe asegurarse, al menos, el reconocimiento de la Agricultura Familiar a través de normativas específicas, de modo que se puedan establecer prioridades de apoyo y otras medidas de fomento diferenciadas.

En quinto lugar el FAR expone una demanda histórica del sector: promover un rendimiento económico justo en la cadena agroalimentaria. Habría que reforzar el peso de las pequeñas empresas y de la agricultura familiar en la cadena de valor, con precios justos, relación contractual, etiquetado en origen obligatorio y flexibilidad en los reglamentos higiénico-sanitarios. Además se debería dar prioridad a las economías y mercados locales, fomentando las producciones de calidad diferenciada sostenibles, la venta directa y las cadenas cortas. Entre las medidas que se proponen para conseguirlo figuran, entre otras, impulsar una Ley de Artesanía para los productos agrícolas, ganaderos y forestales y combatir el fraude a lo largo de toda la cadena.

También se habla de impulsar un sistema agroalimentario sostenible a través de una transición justa que no deje a nadie atrás, apoyando a la producción y la alimentación ecológica, local y de temporada, inclusive la procedente de la caza social sostenible, a través de una orientación adecuada del marco político e institucional (fiscalidad, PAC, compra pública responsable, plan de ganadería extensiva…). En este sexto apartado del decálogo se menciona la necesidad de disponer de herramientas como una Ley Estatal de Conservación de Suelos o un Plan Estatal para la Ganadería Extensiva.

En la séptima parte del texto se reclama la promoción de planes de acción y medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a través del manejo sostenible de bosques y de sistemas agrarios teniendo en cuenta la sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos disponibles en cada zona y evitando la especulación e instalación de energías renovables en zonas protegidas y de alto valor agroecológico. Para ello habría que reequilibrar el actual modelo de gestión del agua y fomentar un modelo de ahorro y eficiencia energética que aproveche los recursos locales.

El decálogo no se olvida de la necesidad de proteger el medio ambiente, incluyendo la conservación de la biodiversidad (hábitats, especies), la gestión adecuada de los recursos naturales (suelos, aguas), el empleo de prácticas agrarias tradicionales sostenibles (compostaje, trashumancia) y soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración ecológica; todo ello mediante una planificación y financiación apropiadas, especialmente de la Red Natura 2000. Este octavo punto destaca la urgencia de detener los procesos de deterioro y sobreexplotación de ríos y acuíferos; y habla de desarrollar programas para diversificar el uso de especies agrícolas y ganaderas preservando razas autóctonas y variedades tradicionales e identificando y favoreciendo variedades mejoradas.

En penúltimo lugar el FAR aboga por impulsar la aplicación con dotación presupuestaria del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal con el objetivo de promover la gestión forestal responsable, el asociacionismo y la apuesta por el mercado de productos forestales sostenibles, además de incrementar el número de montes que cuentan con un proyecto de ordenación u otro instrumento de gestión equivalente. Para ello se proponen medidas como favorecer el aprovechamiento sostenible de la biomasa forestal implicando a la población rural o rediseñar la estrategia de lucha contra los incendios forestales.

En último lugar el listado del FAR hace referencia a establecer una política de estado para el medio rural con todos los actores interesados. Esta incluiría la creación de una Mesa Estatal del Medio Rural que aporte información sobre temas cruciales para el territorio y la población rural y que permita debatir propuestas legislativas; la actualización de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dotándola de un adecuado presupuesto; la protección del patrimonio rural inmaterial; y la implementación de mecanismos que ofrezcan garantías para que haya una participación real y efectiva de la sociedad civil a todos los niveles administrativos competentes.

El campo no escapa a la lógica (y rápida) evolución actual de la sociedad y no le queda más remedio que adaptarse. En primer lugar para poder sobrevivir; pero sobre todo porque los profesionales que lo vertebran ofrecen a la sociedad unos servicios alimentarios, sociales, ambientales y económicos de los que no se puede prescindir.

¿Qué es el FAR?

El Foro Acción Rural es una plataforma abierta y deliberativa compuesta por asociaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, independientes de la administración. El FAR tiene carácter propositivo de cara a los poderes ejecutivos y legislativos en temas que incumben al mundo rural, y la intención de convertirse en un referente de cara a la sociedad y a las administraciones competentes en el ámbito rural. Todas las entidades que lo forman tienen en común el trabajo a favor del desarrollo rural sostenible en sus diferentes ámbitos de actividad.

Sus miembros son: Asociación de Propietarios Rurales, Gestión Cinegética y Conservación de la Naturaleza (APROCA), Comisiones Obreras, Confederación de Organizaciones de Selvicultores, Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales?(FADEMUR), Fundación Global Nature, Red Española de Queserías de Campo y Artesanales, Red de Municipios Agroecológicos, Red Estatal de Desarrollo Rural, Red Española de Desarrollo Rural, Sociedad Española de Agroecología, Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Unión Nacional de Asociaciones de Caza?(UNAC), Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y WWF España.