Mucho me temo que volveremos a ver división y tensión territorial a cuenta del agua del Trasvase Tajo-Segura. Los ánimos se han vuelto a caldear con motivo de las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, que ha advertido ya que su equipo está preparando alegaciones al plan hidrológico del Tajo, que recoge el acuerdo para elevar los caudales ecológicos del río progresivamente hasta alcanzar los 8,6 metros por segundo en 2027. Puig asegura que está abierto a dialogar para evitar una nueva «guerra del agua», pero también avisa la Ministerio de Transición Ecológica de que no aceptará ninguna «imposición» sobre esta cuestión. Alegaciones que quiere elevar al Consejo de Estado, presidido por Magdalena Valerio, que fue consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Esta misma semana era la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en una visita a Ciudad Real, la que recordaba al presidente valenciano que el caudal ecológico del Tajo es una exigencia de la Unión Europea, y la necesidad de recuperar ambientalmente el río una urgencia avalada por varias sentencias ya del Tribunal Supremo. También la Región de Murcia prepara alegaciones al proyecto para intentar mantener la vigencia del Trasvase en sus anteriores términos, es decir, casi sin limitación en la cantidad de derivaciones y cantidad de agua. Ambos apelan a la cantidad de empleos que dependen de ese agua del Tajo, y cuyo expolio no ha permitido crearlos en Castilla-La Mancha, donde el presidente Emiliano García-Page está dispuesto a no ceder un palmo más en las exigencias ambientales del Tajo. «Como presidente no, pero como ciudadano veré el final del trasvase» reconocía en una reciente entrevista.
Todos están dispuestos a dialogar para encontrar una solución a lo que se prevé un fuerte conflicto territorial, ya que todos se van a mantener firmes en sus planteamientos. En Levante no quieren que el sector agrario se vea perjudicado por ese incremento de caudal que impediría trasvasar agua, y en Castilla-La Mancha llevan 40 años haciendo concesiones, la última ese incremento de caudal que se quería para antes de 2025 y se dilata hasta 2027. En la desalación del agua del mar, y en la mejor depuración del agua de Madrid, pueden apoyarse los regantes, que este miércoles desafiaban a la ministra Ribera y llamaban a Page «bravucón».
La pelota está en el tejado del Miteco y de su responsable, Teresa Ribera, que deberá evitar que se vuelva a esa «guerra del agua» que nadie quiere. Lo malo es que a escasos cinco meses de unas elecciones autonómicas –y después vendrán las generales–, el agua puede volver a convertirse en munición política para usar en campaña. La cita electoral puede enturbiar este asunto y encender de nuevo los ánimos. En Castilla-La Mancha existe un documento firmado por todos los partidos políticos, organizaciones agrarias y otras asociaciones para mantener la unidad respecto al agua. Si se mantiene ese acuerdo, la región podrá defender sus intereses y poner fin al trasvase.