El Congreso de los Diputados convalidaba ayer el nuevo decreto de medidas anticrisis para frenar el avance de la inflación y paliar los efectos ocasionados en las economías domésticas por la guerra de Ucrania. La aprobación salió adelante con la abstención del Partido Popular, Vox, ERC y el BNG, mientras que el resto de la Cámara Baja se posicionaba a favor. El texto será tramitado como proyecto de ley, lo que permitirá introducir posibles enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. 

La principal medida incluida en ese dictamen, que ya está en marcha, es la rebaja del IVA en algunos productos de la cesta de la compra. Además, se incluye la prórroga de varias exenciones fiscales en materia energética y entra en vigor un nuevo cheque de 200 euros para rentas inferiores a 27.000 euros anuales. 

Más allá del debate surgido en torno a ese decreto, los diferentes grupos parlamentarios intentaron fijar posiciones ante un año marcado por las diferentes citas electorales. Con el presidente del Gobierno centrando su discurso en sus políticas sociales y económicas y eludiendo cuestiones tan escabrosas para el Ejecutivo de coalición como la ley del solo sí es sí, la abolición de la sedición o la reforma de la malversación. Asuntos en los que pusieron el acento los portavoces de los partidos de la oposición, que aprovecharon el pleno de ayer para reprochar una vez más a Pedro Sánchez las cesiones ante sus socios y la pérdida de calidad democrática derivada de esas capitulaciones. 

La aprobación de este nuevo paquete de medidas anticrisis ha coincidido en el tiempo con una nueva diatriba de la parte podemita del Gobierno contra el empresariado. Es un lugar común escuchar a los líderes de la formación morada dirigir sus dardos dialécticos sobre todo contra el dueño de Inditex, Amancio Ortega, al que han reprochado incluso sus donaciones de tecnología sanitaria para tratar el cáncer. De un tiempo a esta parte, y debido al incremento del precio de los productos que forman parte de la cesta de la compra, esos ataques se dirigen hacia el empresario valenciano Juan Roig, al que la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, llegó a calificar de «capitalista despiadado». Ayer, el presidente de Mercadona salía al paso de esos reproches y recordaba una evidencia que los dirigentes morados se niegan a admitir por sus propios prejuicios: «los empresarios generan riqueza y bienestar». Luego depende de los políticos saber gestionar esa riqueza. Pero para algunas dirigentes, aunque sean ministras, lo fácil es buscar enemigos con los que ahormar discursos cargados de sectarismo.