Algo más de 100 personas se concentraron al mediodía de hoy a las puertas de la Ciudad de la Justicia en una protesta contra la proposición de Ley de Amnistía, pactada por PSOE y Junts, con el lema Sin Estado de Derecho no hay democracia.
De acuerdo a los convocantes, se reunieron allí jueces de Albacete y provincia, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, médicos forenses, abogados, procuradores, graduados sociales y resto de operadores jurídicos. Al frente de ellos, fue Raquel Iranzo Prades, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha la encargada de leer un comunicado con el que remarcaba que «los aquí congregados nos adherimos a los comunicados recientes de este TribunalSuperior de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, de las asociaciones judiciales y fiscales, de los jueces decanos de España y de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, recordando que el Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes».
Después, en referencia a la posibilidad de revisar acciones judiciales que contempla la proposición gubernativa, señalaba que «ponemos de manifiesto la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones, siendo incompatible con esto la posibilidad de fiscalización o supervisión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado».
De acuerdo al texto leído por Raquel Iranzo, los concentrados calificaban además como«una intromisión hasta ahora inaudita en la labor de juzgados y tribunales cualquier posibilidad de construir comisiones parlamentarias para determinar situaciones de judicialización de la política y las consecuencias derivadas de ellos, tales como acciones de responsabilidad y modificaciones legislativas». Definían también la proposición como «un ataque frontal a la separación de poderes, que implicaría que el poder legislativo se convierta en supervisor del poder judicial».