La capital carece de un Plan de Sequía desde hace 22 años

Emilio Fernández
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La mayor ciudad del Sistema Júcar y el municipio más habitado de Castilla-La Mancha sigue sin tener en vigor un documento que es obligatorio desde 2001

Fotografía de archivo de trabajos en el Canal de María Cristina. - Foto: José Miguel Esparcia

Desde la aprobación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001, todos los municipios de más de 20.000 habitantes deben tener un Plan de Sequía. Desde entonces, en Albacete ha habido siete alcaldes, tanto del PSOE como del PP, y dicho plan ni está, ni se espera.

Esta situación se puso de manifiesto durante la reciente presentación del Plan Especial de Sequía del Júcar (PES) que tuvo lugar el miércoles en la sede de la Consejería de Hacienda de la propia ciudad de Albacete, sita en la antigua Fábrica de Harinas Fontecha.

Durante esta presentación, la responsable de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Júcar, Arancha Fidalgo, expuso los antecedentes, el marco legal, los contenidos y el procedimiento de participación pública para la redacción del citado Plan Especial de Sequía.

Fidalgo recordó que en la Demarcación Hidrográfica del Júcar hay 65 municipios de más de 20.000 habitantes y que, dentro de la Unidad Territorial de Escasez (UTE) Cinco, que coincide con el Sistema Júcar, hay cuatro municipios que cuentan con más de 20.000 habitantes.

«De estos cuatro municipios, sólo uno tiene aprobado y en vigor su Plan, y es Almansa», señaló la actual jefe de la OPH, «mientras que los otros cuatro ayuntamientos, que son los de Albacete, Cuenca y Requena, todavía no lo han remitido a la Confederación».

Durante el debate que siguió a la exposición del PES por parte de los representantes de la CHJ, tomó la palabra un funcionario del Ayuntamiento de Albacete, para exponer que el Plan estuvo a punto de aprobarse «hace dos años», pero que por el momento sigue sin pasar por el Pleno.

El problema es que el documento se hizo de acuerdo a las condiciones y requerimientos del PES de 2018, que dejará de estar en vigor a finales de este mismo año con la entrada en vigor del nuevo, lo que obligaría a redactar de nuevo el documento o, como mínimo, a revisarlo.

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