El Gobierno valenciano ha presentado alegaciones al plan del Tajo que apuntan a defectos en la tramitación que pueden determinar su nulidad de pleno derecho y ha pedido al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. Ya lo advirtió el presidente de Valencia, el socialista Ximo Puig, cuando aseguró que velaría por los intereses de los regantes que se benefician del trasvase.

Así, la petición del ejecutivo autonómico se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan «defectos acaecidos en la tramitación del proyecto» en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua. En concreto, se refiere al cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre.

Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que había sido sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua, según indica la Generalitat Valenciana, pero sí acordada con Castilla-La Mancha para la redacción del Plan del Tajo.

La Abogacía de la Generalitat declara que el nuevo texto «impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura», argumenta.

Ese texto modificado «de manera unilateral» por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Generalitat Valenciana entiende que «no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación» y que, por tanto, podría haberse producido «una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo».