Entre los años 1998 y 2000, Albacete fue noticia de portada local, regional y nacional a causa del llamado ‘Caso Agustín Fernández’.  Fue un supuesto caso de supuesta corrupción en el que todo giró en torno a un supuesto informe elaborado por un detective.

Antes de iniciar el relato de este caso, hay que precisar, con rotundidad, que hoy en día, esta misma historia se enseña en las Facultades y Escuelas Superiores donde los futuros detectives aprenden su oficio. Pero no se enseña como un buen ejemplo, sino como una muestra de lo que jamás, nunca, bajo ningún concepto, se puede o se debe hacer, algo que nunca debió haber sucedido. Pero que sucedió, como consta en los archivos y en las hemerotecas.

Fernández, concejal de Urbanismo, fue acusado,en la recta final de la legislatura 1996-1999, de corrupción y enriquecimiento ilícito, en su beneficio y de su familia. Toda la acusación, como ya se ha dicho, descansaba sobre un informe que, dos años después, se demostró falso ante el juez.

Para entender la génesis del ‘Caso Fernández’ hay que tener en cuenta la tremenda crispación política que vivía Albacete a finales de los años 90. Una crispación cuyo epicentro era, precisamente, el Ayuntamiento de Albacete.

Fernández era uno de los hombres de confianza del primer alcalde del PP que tuvo Albacete, Juan Garrido, tras cuatro legislaturas seguidas de alcaldes del Partido Socialista y con el PSOE gobernando en Fuensalida.