La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) ofrece su primer avance de su informe anual sobre El Estado de la pobreza, que deja al descubierto que queda mucho trabajo por hacer, ya que revela que, aunque la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social Arope (At Risk Of Poverty or Exclusion) se ha reducido notablemente en el último año, sigue situada en el 26% de la población residente en España, es decir, unos 12,3 millones de personas están en situación de pobreza o exclusión social, mientras que en Castilla-La Mancha se incrementa hasta el 31,6%, afectando a casi 650.000 personas. Estos datos evidencian que, todavía, un número excesivo de españoles tiene dificultades para llegar a fin de mes, no puede calentar adecuadamente el hogar o no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
La renta media por persona subió en la región un ocho por ciento en el último año, hasta los 11.037 euros, pero esta mejora no evita que continúe por debajo de la renta media nacional, que es de 13.008 euros. Así, la mitad de los castellano-manchegos, más de un millón de personas, tiene algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes y, de ellos, más de 220.000 confiesan tener mucha dificultad para cubrir los gastos básicos del hogar, ya que el elevado IPC que se soporta desde el año pasado es un importante lastre, siendo el apartado más preocupante en la actualidad el de la alimentación, ya que llenar la cesta de la compra con carne, pollo o pescado se ha convertido, según el mencionado informe, en una tarea casi imposible en muchos hogares, con el añadido de que, mantener la vivienda con una temperatura adecuada también se ha convertido en un lujo para el 19,7% de la población, el 36,6% confiesa que no puede afrontar gastos imprevistos y el porcentaje de ciudadanos que no puede permitirse irse de vacaciones al menos una semana al año fue en 2022 del 34,4%.
Es evidente que la economía familiar no es la mejor para muchos ciudadanos y, bajando al escalón provincial, sirvan de ejemplo los datos ofrecidos por Cáritas a principios de mes en su memoria anual, donde se recoge que atendió a casi 10.300 personas vulnerables en el año 2022 y que la precariedad laboral y la vivienda son los principales escollos para las familias atendidas por esta entidad.
Por tanto, es precisa la solidaridad de la ciudadanía en general con los más vulnerables, pero también es necesario reclamar a las distintas administraciones que articulen las medidas económicas y laborales que sean precisas para revertir la situación y que en los próximos informes que se ofrezcan disminuya la cantidad de personas en riesgo de exclusión y que tienen dificultades para llegar a fin de mes.