El Congreso de los Diputados ha rechazado tramitar la proposición de ley contra el proxenetismo. El PSOE se ha quedado solo este martes y su iniciativa abolicionista no ha cosechado los apoyos ni de su socio de Gobierno ni de la mayoría de sus aliados parlamentarios ni del Partido Popular.

Los populares, que en la pasada legislatura apoyaron esta misma iniciativa, han cambiado el sentido de su voto al considerar que genera división y que el grupo socialista está haciendo un "indigno uso y abuso del feminismo con fines electorales".

El PP, Sumar, ERC, Junts, PNV y Bildu han votado en contra; Podemos y Vox se han abstenido y tan solo han acompañado al PSOE con sus votos favorables Coalición Canaria, el BNG, UPN y José Luis Ábalos. Han sido 184 votos en contra, frente a 122 a favor y 36 abstenciones.

Ante la evidente falta de apoyos a la proposición, el PP propuso al PSOE que la retirara para negociar una ley integral contra la trata en el seno de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una opción que descartó la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Finalmente, el PP no ha salvado el trámite y la iniciativa decae.

El PSOE pretendía modificar con este texto el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento.

En el debate de la iniciativa, la diputada del Grupo Parlamentario Popular Ana Isabel Alós ha pedido al PSOE que retire su proposición de ley para prohibir el proxenetismo, ya que el PP, que se ha abstenido, considera que es "absolutamente insuficiente".

"Después de todas las intervenciones que se han escuchado esta tarde aquí, yo le pido retiren la proposición de ley y a partir de ahí negociemos una ley integral contra la trata de las personas con fines de explotación sexual", ha solicitado la diputada 'popular' Ana Isabel Alós a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el debate en la toma en consideración de la ley contra el proxenetismo, que ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados.

En esta misma línea, Alós ha criticado al PSOE por hacer un "papelón", tras traer la misma proposición de ley después de haberla "aparcado" en la pasada legislatura. Además, ha pedido que reconozcan que "no existe voluntad política para abordar este asunto".

Por su parte, la diputada de Vox María Ruiz ha precisado que la proposición de los socialistas "no es suficiente" para la formación liderada por Santiago Abascal. "Nuestro objetivo, señorías, es acabar con el proxenetismo y la trata con la fuerza de la ley, al origen del problema para cortar de raíz cualquier circunstancia que pudiera propiciarlo y trabajar para conseguir que ninguna persona, ninguna persona que no desee prostituirse se vea obligada a hacerlo", ha subrayado.

La opinión de los socios de Gobierno

Mientras, los socios de Gobierno del PSOE han reprochado a los socialistas que la ley con la que quieren prohibir el proxenetismo es una iniciativa "electoralista".

Así, la diputada de EH Bildu Bel Pozueta ha trasladado el rechazo de su formación a la iniciativa de los socialistas y ha dicho que están dispuestos a trabajar a favor de una ley integral, pero ha añadido que no les encontrarán en el camino" si es para criminalizar y marginar aún más a las que ya viven marginalizadas y desprotegidas". "El PSOE solo presenta una propuesta para penar, atacar y desproteger a quienes trabajan en la prostitución, condenándolas a una mayor exclusión y a una inseguridad. Busca un titular efectivo ante unas elecciones que dejan aún más tiradas a miles de personas", ha criticado.

La diputada de Sumar Gala Pin ha dicho que "la mejor forma de garantizar los derechos que ejercen la prostitución es derogar la Ley de Extranjería". Además, ha recalcado que su formación no puede votar a favor de una proposición de ley que ha tildado de "bastante cutre". "No propone absolutamente ninguna solución, ningún itinerario, ninguna medida alternativa, ninguna propuesta económica de acompañamiento laboral, absolutamente ningún tipo", ha agregado.

En la misma línea se ha mostrado Martina Velarde, de Podemos, que ha indicado que la propuesta de los socialistas "va a generar más titulares que cambios concretos en la vida de las mujeres que están en contextos de prostitución" y ha denunciado que "pone en riesgo a las mujeres en contextos de prostitución, a sus familias y a sus entornos de apoyo". Asimismo, ha pedido que se modifique la Ley de Extranjería, "porque la abolición significa, además del fin de la impunidad de la industria proxeneta, papeles para todas viviendas, formación, sanidad, empleo y derechos asegurados para todas las mujeres en contexto de prostitución".

"Corta la cuerda y no pone la red"

Por su parte, Joseba Andoni Agirretxea, del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha criticado a los socialistas por traer una proposición de ley que "corta la cuerda y no pone red". "Lo que ustedes plantean aquí evidentemente es un castigo a los proxenetas, pero un abandono absoluto de las personas prostituidas, prostitutas o en ámbitos de prostitución, utilicen el término que estimen oportuno", ha apuntado.

La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha indicado al PSOE que si lo que quieren es ajustar el Código Penal para poder castigar el proxenitismo "hay formas de hacerlo sin enviar la prostitución regulada a la clandestinidad". Así, ha añadido que si la toma en consideración prospera, presentarán enmiendas.

Pilar Vallugera, Esquerra Republicana (ERC), ha señalado que esta cuestión "rompe el feminismo". "Presenten de una vez la ley de trata y deroguen de una vez la Ley de inmigración y de Extranjería y a lo mejor podemos empezar a trabajar", ha asegurado.

Por otro lado, la diputada del Grupo Mixto, Cristina Valido, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, que ha dicho que "hay que debatir, hay que profundizar, hay que trabajar para evitar que muchos impresentables se sigan beneficiando de la explotación de mujeres, niñas y niños". Además, ha pedido tramitar la propuesta y trabajar para hacer las correcciones, las enmiendas o las modificaciones oportunas "para combatir aquellos que se lucran con la explotación".

El PSOE destaca la necesidad de un código penal "afinado"

Por su parte, la diputada socialista Andrea Fernández, que ha defendido la iniciativa, ha destacado la necesidad de un Código Penal "afinado", así como "el encomiable trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y "una política criminal que persiga estos delitos como una prioridad". "La raíz de la prostitución, señorías, es el machismo, es la violencia contra las mujeres, es la prevalencia del varón sobre las mujeres y, sobre todo, es la percepción de las mujeres como un bien", ha subrayado.

Igualmente, la socialista se ha mostrado "orgullosa" de que su grupo sea "profundamente punitivista contra los que pagan por sexo, contra los proxenetas y contra los que alquilan los derechos".

En este sentido, ha pedido a Podemos, a Sumar y al Partido Popular, que "aparquen los juegos, el regate corto y la política de bajo nivel". "Estemos a la altura de la palabra dada, estemos a la altura de las víctimas, sí, señorías, y de lo que compartimos como partidos responsables. Apostemos por la negociación y el acuerdo, y apostemos también por escucharnos durante el trámite parlamentario", ha recalcado.

La iniciativa necesitaba para su aprobación el apoyo de al menos mayoría absoluta (176 votos) para modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas.

En concreto, el texto modificaba el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

También cambiaba el 187.3., donde se incluía una nueva letra que añade que "agrava las penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".

Finalmente, el último cambio se encontraba en el 187.ter 2., que reflejaba que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).