El Gobierno dio ayer, con casi tres meses de retraso y sin contar con la firma de la patronal, luz verde a la segunda fase de la reforma de las pensiones que exige Bruselas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, sellaron el pacto después de que los órganos de dirección de ambos sindicatos lo respaldaran por unanimidad y Bruselas también diera su aval.

Los firmantes coincidieron en calificar este acuerdo como de una reforma «histórica», al tiempo que rebatieron a la CEOE que esta actualización vaya a suponer un lastre para la creación de empleo y la competitividad de las empresas.

El texto aprobado incluye que entre 2024 y 2027 las prestaciones mínimas subirán alrededor del 22% de la nómina mínima contributiva con cónyuge a cargo, que pasará de 966,20 a 1.178,50 euros al mes.

Según los cálculos de la Seguridad Social que el ministro Escrivá presentó en la comisión del Pacto de Toledo, el subsidio mínimo contributivo con cónyuge a cargo debe alcanzar el 60% de la renta mediana de un hogar de dos adultos, lo que supondrá 16.500 euros anuales en 14 pagas en el año 2027.

Con arreglo a este criterio, la jubilación mínima no contributiva tendrá que situarse en el 75% del umbral pobreza individual, lo que en 2027 sería cerca de 8.300 euros anuales o unos 592 euros al mes, frente a los 457,30 actuales. 

El Gobierno resaltó que los nuevos cambios aportarán ingresos por valor del 1% del PIB anual en la década de 2040 a las arcas del Estado.

Las cotizaciones sociales por hora trabajada se elevarán 37 céntimos hasta 2050, hasta los 6,37 euros, según explicó el titular de Seguridad Social en el Pacto de Toledo.

Sobre el período de cómputo, el titular de Inclusión explicó que en 2038 se podrán excluir del cálculo los 24 peores meses de los últimos 29 años de carrera cotizados.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, destacó que, para su sindicato, esta reforma tiene una «importancia histórica», pues equilibra gastos e ingresos y garantiza a los jóvenes «pensiones dignas». Además, reprochó a la CEOE que no haya respaldado el acuerdo porque, en su opinión, «no hay argumentos que lo justifiquen». En este sentido, les recordó que sus cotizaciones se han rebajado cuatro puntos desde 1982 hasta hoy.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, sostuvo que el modelo dual de cómputo de la pensión ofrece una «salida meritoria y manejable», y agregó que, hacer esta reforma con el aval de la Comisión Europea, «es de una relevancia geopolítica y estratégica muy importante».

En el lado opuesto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió «respeto» a la decisión de su organización de no respaldar la segunda fase de la reforma de las pensiones y señalo que «cuando no es no, no es no. Puede gustar o no, pero que nadie dude de la lealtad de los empresarios y autónomos de este país. Cuando se trae una propuesta que crees que no es buena para tu país, nuestra obligación es decir que no», sostuvo Garamendi.

Finalmente, criticó que el Gobierno haya presentado esta reforma como si fueran «lentejas» y justificó su rechazo en que el alza de cotizaciones «lastrará» la competitividad de las empresas y el empleo.