El Congreso acogió ayer el comienzo del debate en torno a los Presupuestos Generales del Estado con el inicio de las comparecencias de hasta 25 altos cargos que explicarán la realidad económica del país. El encargado de abrir fuego fue el gobernador del Banco de España que rebajó la intensidad del relato en exceso entusiasta de Sánchez. Hernández de Cos alertó del coste de la subida generalizada de las pensiones y de los sueldos públicos, una gasto de 20.000 millones en plena desaceleración económica, y mostró su preocupación ante el hecho de que el gasto del Estado se torne estructural. En parte porque el Banco de España no detecta la procedencia del incremento de los ingresos públicos. Preámbulo a una semana clave para la aprobación de las cuentas con el arranque de las negociaciones, un ritual de costumbrismo político en un hemiciclo fragmentado, fruto de la creciente territorialización de la Cámara Baja y de la ausencia de mayorías absolutas.
Una año más vascos y catalanes llevan la iniciativa y serán los encargados de aportar estabilidad al Gobierno en lo que han de ser las últimas cuentas de la legislatura. Espera el Gobierno una negociación tranquila y, como es previsible, las enmiendas a la totalidad procedentes de PP, VOX y Ciudadanos a los que se podrían unir, como en el pasado ejercicio, la CUP, Junts, Coalición Canarias o Foro Asturias. El voto de calidad lo dan PNV y ERC que, tras la escenificación pública del cortejo político y tras amagar con oponerse a las cuentas, afrontan el debate de la letra pequeña con el ánimo de comparecer como vencedores ante su electorado. Más allá del relato, la realidad es que una vez más la influencia electoral se impone. Un arma que también utilizan partidos recién llegados, noveles en la subasta presupuestaria. Es el caso de Teruel Existe que, triunfalista, atribuye a su mediación la fiscalidad diferenciada aprobada para Soria, Cuenca y Teruel, provincias de la denominada España vaciada y un ejemplo de que los territorios valen lo que vale su representación política.
La negociación con los principales valedores de los Presupuestos no da lugar a sorpresas. Por un lado, el PNV pide al Gobierno que enfatice su lado más dialogante frente a la propaganda electoral al tiempo que deja traslucir que no le temblará el pulso a la hora de cambiar el sentido de su voto. Por su parte, la situación de Pere Aragonès en el Govern, su dependencia del PSC de Illa, hace que ERC no esté en condiciones de tensar la cuerda, más allá de alguna boutade del teatral Rufián. Para presumir de suficiencia al Gobierno no le faltarán los apoyos de EH Bildu o de el Más País de Errejón. Así las cosas, el trámite para certificar los Presupuestos se convierte en una instrumentalización de los escaños y en una invitación a hacer del Congreso la cámara de representación territorial que debiera ser el Senado.