Un «Brexit catalán» es la exigencia de los diputados de Junts per Catalunya (JxCat) para apoyar al socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno e iniciar una nueva legislatura en el Congreso de los Diputados. Así lo ha expresado en una entrevista a la agencia EFE, Antoni Castellà, portavoz político de Demòcrates de Catalunya, diputado del grupo de JxCat en el Parlamento catalán y portavoz del Consejo de la República que lidera Carles Puigdemont. Sabedores de que la llave de la gobernabilidad está en manos de los siete diputados de JxCat, Castellà lanza un órdago, no sólo al PSOE sino también al PP, para hablar de «soberanía» de Cataluña, no sobre competencias autonómicas, que ya se abordaron en el nuevo Estatuto de Autonomía, luego echado abajo y reformado por el Tribunal Constitucional.
El independentista Castellà considera que la negociación entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont «es la más relevante desde la Transición» y asegura que «el independentismo puede estar dispuesto a discutir sobre autodeterminación y amnistía, las condiciones, los plazos, cómo se pactan los activos, qué temporalidad de cosoberanía puede haber: todo esto es negociable».
Por estas razones, lanzó una pregunta al líder socialista: «¿usted está dispuesto a negociar el 'Brexit' catalán? Nosotros sí, pero debe situarse en este marco mental. Cualquier otro marco no es aceptable, porque nos sitúa antes del 1-O, y esto no tendría sentido».
Las paradojas de la política quisieron que el resultado de las elecciones del 23 de julio colocara a los independentistas de JxCat en el ojo del huracán en el que se ha convertido la gobernabilidad de España. Ahora, tensan la cuerda en un juego de tira y afloja con el PSOEde Pedro Sánchez. Por mucho que quieran formar Gobierno, la situación parece estar abocada a una nueva convocatoria de Elecciones Generales antes o después. Mientras tanto, JxCat reclama la atención de los focos de la opinión pública para amplificar su discurso de odio a España y la autodeterminación de Cataluña con posturas maximalistas que nunca pueden ser aceptadas por ningún político con aspiraciones de Gobierno.
Después de más de 40 años de democracia en España, el resultado de las últimas Elecciones Generales viene a corroborar la necesidad de reformar el sistema electoral para que el país no se encuentre rehén de postulados que, precisamente, quieren acabar con su unidad. En la Transición se diseñó un sistema para complacer las distintas posturas políticas y territoriales, pero 40 años después enseña sus costuras y es hora de volver a reafirmar los lazos de la ciudadanía con su democracia desde un nuevo marco legislativo para que la gran mayoría de españoles no esté al albur de las aspiraciones independentistas.