La Inspección de Trabajo propuso sanciones por algo más de 7,5 millones de euros en la provincia durante el pasado año, tras constatar un total de 1.342 infracciones. 

Ese fue uno de los datos aportados por Juan Díaz Rokiski, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha, en una jornada informativa sobre su plan anual de actuación, organizada por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Albacete. También asistió a la cita María Llanos Martínez, jefa de la Inspección Provincial, junto al presidente del colegio mencionado, Juan José González, y el director de Mutua Universal en Albacete, Juan Ramón Romero.

Díaz detalló a decenas de colegiados asistentes algunas de las grandes cifras del pasado año, como los 5.820 expedientes tramitados, las 3.005 visitas realizadas o las casi 2.000 conversiones de contratos temporales a indefinidos, antes de centrarse en la creciente labor que se está llevando a cabo por el aumento de la siniestralidad laboral, «con unos índices inaceptables y crecientes».

En concreto, la tasa en la provincia subió el pasado año casi un nueve por ciento hasta situarse en 4.099 accidentes por 100.000 asalariados, algo por debajo de una media regional de 4.591. En ese contexto, y también merced a un aumento de plantilla que llevó a contar con cuatro subinspectores de seguridad y salud laboral, la Inspección ya aumentó sus acciones en 2022 y prevé hacerlo también en el ejercicio actual.

Así, los requerimientos en materia de seguridad y salud crecieron un 46% el pasado año, pasando de 1.666 en 2021 a 2.442, mientras que las visitas aumentaron un 51% (de 843 a 1.274), derivando 306 en infracciones. Ya para este año, se prevé un incremento total de aproximadamente el 30%.

El director territorial abordó también algunos de los próximos cambios normativos previstos para el primer semestre, entre los que destacó la reforma de la Seguridad Social y las transposiciones de las directivas europeas de cuidados y condiciones de trabajo previsibles y transparentes.

Esa continua actualización legislativa lleva, según explicaba Juan José González, a que «entre las facetas más importantes del Graduado Social estén la formación continua y la relación con las administraciones, en especial con la Inspección de Trabajo, para una buena aplicación de la normativa, porque nuestra labor en el ámbito laboral puede evitar que la inspección tenga que entrar».

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