Ya no hay que esperar más. El consejero de Sanidad ha presentado hoy en el Consejo de Gobierno el texto de la futura ley de tiempos máximos de espera sanitaria. Ahora entrará ese borrador en fase de información pública. Una vez completado el período de participación el Gobierno remitirá la ley al Consejo Consultivo para su revisión jurídica y posteriormente a las Cortes para que lo aprueben. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, espera que este año la ley pueda estar aprobada, de forma que se pueda empezar a aplicar en 2024. Es más, avanza que para los presupuestos de 2024 van a hacer una "estimación" del coste adicional que tendrá.

Los tiempos máximos que se fijan son los mismos que establece el Sistema Nacional de Salud, con 180 días para una operación, 60 días para una consulta y 30 días para una prueba técnica. Con esta nueva ley un paciente podrá reclamar una alternativa si se va a pasar de este plazo. El Sescam le ofrecerá una opción, que puede ser una derivación a otro hospital público de la red, cubriendo los costes de desplazamiento del paciente y un acompañante. También le puede ofrecer una alternativa en un centro privado con el que tenga concierto el Sescam. Fernández Sanz aclara que pueden estar en Castilla-La Mancha, pero también en otras regiones.

En cuanto a los plazos en sí, Fernández Sanz no descarta que se puedan reducir en el futuro: "Estamos dispuestos a rebajar esos tiempos si la situación lo permite". Además aclaró que hay una serie de patologías urgentes que tienen "tiempos exclusivos" mucho más reducidos, como puede ser con tumores malignos, desprendimiento de retina o enfermedades cardíacas que precisen de intervención. "En 30 días debe estar solucionado desde el punto de vista quirúrgico", apostilló. 

El cálculo que hace el consejero es que con la tendencia de reducción de listas de espera, al año sean unos 8.000 los pacientes que tengan derecho a reclamar una alternativa porque el Sescam no ha podido atenderles en los tiempos fijados. Señala que la mayoría, alrededor del 60%, suele ser por operaciones, mientras que en el 40% restante se suman pruebas y consultas. Admite que el histórico de la región estaba en unos 12.000 o 14.000 pacientes al año, pero espera cerrar 2023 con mejores datos. 

El consejero explicó que fue en 2019 cuando el Gobierno empezó a trabajar en esta normativa, justo entre el final y el comienzo de la legislatura. "Lo hicimos en 2019 porque necesitamos cuatro años para consolidar el sistema sanitario y poder dar opciones", justificó. Fernández Sanz contó que luego llegó la pandemia de coronavirus "y las listas de espera tenían que pasar a un segundo plano". Finalmente lo han podido retomar y han podido arrancar este trámite de información pública antes de que termine esta legislatura.