Todavía hay mucho camino por recorrer con la inteligencia artificial. A medida que esta desempeña un papel cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, su posible efecto sobre la sociedad y nuestro día a día es un tema que todos debemos conocer y del que debemos hablar.

Este jueves la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) acogió el XXXIII Seminario de Estudios Autonómicos, que se celebró bajo el lema 'Una doble mirada al Estado autonómico' y que abordó el desarrollo de la inteligencia artificial desde la perspectiva jurídica.

El catedrático de Derecho Administrativo de la UCLM y director del Centro de Estudios Europeos, Isaac Martín, junto al rector de la institución, Julián Garde, defendió que un primer planteamiento pasa por conectar la regulación de los derechos fundamentales previstos en la Constitución, que "ciertamente son una garantía", para reaccionar frente a eventuales riesgos y sesgos de la inteligencia artificial.

Dicho esto, indicó que desde la perspectiva del derecho administrativo, pese a que el Gobierno central ha aprobado la carta de derechos digitales y haya otras administraciones como la de Extremadura, que acaba de aprobar decreto ley que regula la inteligencia artificial en el ámbito de la administración, o exista una normativa muy sectorial relativa a la transparencia de los sistemas algorítmicos, "es mucho más lo que se puede hacer".

"Quizá aquí el principal desafío es, por un lado, conocer que existen estos sistemas y saber cómo funcionan y cómo impactan en la realidad, y en qué medida consiguen los objetivos que prometen, la supervisión y el control son elementos fundamentales desde la perspectiva jurídica pública".

De ahí que el catedrático de Derecho Administrativo consideró "imprescindible" crear órganos especializados dentro de las administraciones que verifiquen y realicen auditorías para garantizar que los datos usados son los correctos, la misión que se le encomienda es la adecuada y se hace con transparencia.

"La evolución de la inteligencia artificial está siendo tan rápida que cuando se llega a entender el funcionamiento de una herramienta ya tenemos otras siete distintas que obligan a repensar las categorías que hemos creado y las garantías que hemos establecido", advirtió.

En el caso de Castilla-La Mancha, explicó que el hecho de que no exista una regulación específica no significa que no haya normas aplicables a la situación actual, pues las hay tanto en el Estado como en la Administración regional.

"Pero es verdad que alguno de los desafíos que se plantean, por ejemplo una perspectiva de transparencia o de auditoría y control, precisa de una regulación específica. En mi opinión sí que sería necesaria una regulación sobre esta cuestión para nuestra comunidad", concluyó.