La disputa por el agua del río Tajo históricamente ha tenido varios frentes. De un lado, los tribunales, en los cuales el Gobierno de Castilla-La Mancha ha intentado, sin éxito, frenar los continuos trasvases al Segura. Ahora las tornas han cambiado tras la aprobación de los nuevos planes de cuenca del Tajo que aumentan los caudales ecológicos del río a su paso por la región, por lo ahora es el Levante es que reclama ayuda a los jueces. De otro, los medios de comunicación, utilizados de altavoz para hacer llegar lo más lejos posible el mensaje de los políticos, entidades y asociaciones que, o bien se veían favorecidos por el acueducto Tajo-Segura o, por el contrario, damnificados.

El último en hacer uso de esta estrategia ha sido el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que recalcó, en un foro celebrado en Alicante, la defensa «firme» del  trasvase Tajo-Segura como se refleja en la presentación de 40 recursos, aunque añadió que al mismo tiempo trabaja en soluciones a través del diálogo.

Puig puso de manifiesto que la Generalitat Valenciana ha sido la primera administración en presentar un recurso judicial ante el nuevo Plan del Tajo, que supone un aumento de los caudales ecológicos, y añadió que lo ha hecho «al mismo tiempo que se trabaja para soluciones».

Defendió que el gobierno que preside siempre ha estado «en la mesa para dialogar» porque es consciente de que existe un problema hídrico, de cambio climático y también necesidades «que arbitrar de otras manera».

La Diputación de Alicante presentó este pasado lunes el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Gobierno central por el que se aprueba el Plan del Tajo. En él, piden la suspensión del aumento del caudal ecológico ya en su primer incremento de un metro cúbico por segundo -de 6 a 7- pues produce una merma de 28 hectómetros cúbicos de agua disponibles para el Levante.

Castilla-La Mancha discrepa «totalmente». De su lado, el consejero responsable de las políticas de agua en Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, mostró su respeto por la decisión de la Diputación de Alicante, aunque afirmó que discrepa «totalmente» de este planteamiento y se mostró «convencido» de que la región tiene «la razón» en este asunto.

A preguntas de los medios sobre la decisión de la Diputación de Alicante, Martínez Arroyo recordó que «lo que está haciendo el Gobierno de España con los caudales es ni más ni menos que aplicar cinco sentencias del Supremo que son firmes y que obligan a poner en marcha caudales ecológicos en la planificación ecológica del río Tajo».

El consejero aprovechó para recalcar la importancia de que «se hayan tenido en cuenta los intereses de la España interior, de la gente que vive en el Alto Tajo, en Toledo, en Talavera, en toda la cuenca».

«Por primera vez la cuenca cedente ha sido verdaderamente prioritaria y se han antepuesto los intereses de la España interior, de allí por donde pasa el agua», concluyó.