En 2019 Castilla-La Mancha sacó su primera convocatoria específica de ayudas al alquiler para mujeres víctimas de la violencia de género. Entonces presupuestó 170.000 euros y pudo ayudar así a 107 mujeres. Apenas cuatro años después el presupuesto que se dedica a estas ayudas se ha multiplicado por siete y cada año se llega a más de 400 víctimas de la violencia de género.

La consejera de Igualdad, Blanca Fernández, avanzó que el Consejo de Gobierno de esta semana ha autorizado una partida de 2,5 millones de euros para garantizar la convocatoria de este 2023, con 1,25 millones de euros y también la del año que viene, con la misma partida. Se pretende llegar así a más de 400 mujeres al año. Fernández asegura que querrían haber hecho una sola convocatoria que durase los dos años, pero al depender de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género no les dejaban hacerlo para dos ejercicios.

La también portavoz del Gobierno aclaró que con este dinero quieren cubrir todas las solicitudes que lleguen y que cumplan los requisitos. «Entendemos que la alternativa de vivienda es imprescindible para que las mujeres puedan romper con ese círculo de violencia», expuso, «por eso nos comprometemos a que tengan su ayuda aquellas mujeres que son víctimas y que cumplan los requisitos». 

Uno de esos requisitos es que el precio del alquiler sea de 750 euros al mes, exceptuando el coste de espacios anexos como trastero o garaje. Las ayudas pueden cubrir del 60 al 100% del arrendamiento en función de determinadas circunstancias. Por ejemplo, será del 75% si las mujeres tienen familiares que convivan con ellas con grado de discapacidad. Se llegará al 100% si son familias numerosas, si convive con un familiar con grado de dependencia o si proviene de un recurso de acogida. A petición de la mujer, el cobro de la ayuda puede ser trimestral en vez de anual.

Fernández explicó que antes de  estas ayudas, había un programa de viviendas tuteladas que todavía se mantiene para aquellas víctimas que salen de los recursos de acogida. «Nos dimos cuenta de que con esto les damos más opciones», argumentó Fernández, que apuesta así por este cambio de modelo. 

Explica este incremento de solicitudes y de ayudas que se dan por varias razones. Una de ellas es que cada vez hay más información y se conoce más que hay estas subvenciones. Por otro lado, destaca lo positivo de  haber conseguido que se reconozca una especie de certificado para aquellas mujeres que acudían a los centros de la mujer o recursos de acogida sin denunciar, de forma que puedan acceder a las ayudas a víctimas de violencia de género sin que sea necesario que tengan una sentencia firme.