Entre las muchas cosas de las que presume el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su gestión está la paz social con la que se ha salido de todos las situaciones indeseadas a las que se ha tenido que enfrentar el Ejecutivo -pandemia, guerra de Ucrania, inflación, sequía…-, que contrasta con las protestas que se han vivido en otros países, como Francia por la reforma de las pensiones, sin que se hayan cumplido las previsiones de quienes veían las calles del país incendiadas.
A lo largo de estos últimos años, los sindicatos han mantenido sus reivindicaciones dentro de las mesas de negociación a pesar de que las subidas de salarios no compensan los daños provocados por el incremento de los precios en el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras las empresas han obtenido buenos resultados económicos que agravan las diferencias entre las rentas del trabajo y las del capital. Pero ese ambiente de paz social se ha roto, y se puede romper aún más, en el ámbito de la Administración de Justicia, y a pocos días de que se acuda a votar en las elecciones municipales y autonómicas, si jueces y fiscales de tendencia conservadora deciden ponerse en huelga en demanda de subidas salariales. Seguirían el mismo camino que emprendieron los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que tras dos meses de huelga lograron una subida salarial de unos 450 euros brutos, y de la que mantiene los funcionarios de los juzgados que demandan un incremento salarial.
En un servicio público que sufre deficiencias crónicas desde siempre, la huelga de unos funcionarios con altas remuneraciones, sumadas a las de los otros grupos de trabajadores del sector, tiene connotaciones políticas evidentes por el momento elegido por los convocantes, si no se llega a un acuerdo con el Ministerio de Justicia, lo que parece improbable en los primeros compases de la negociación. Nadie pone en cuestión el derecho a la huelga de jueces y fiscales, del que ya han hecho uso en otras cuatro ocasiones para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales sin reclamaciones económicas, pero la acumulación de conflictos tendrá gravísimas consecuencias para los ciudadanos, como ya ocurrió con la huelga de secretarios judiciales que provocaron la suspensión de 360.000 juicios, a los que se sumarán los que dejarán de celebrarse por la huelga de funcionarios y el retraso de diligencias.
Los jueces y fiscales saben de sobra que cuando el ejercicio del derecho de huelga lo realizan determinados grupos de trabajadores, que son pocos en número pero con gran capacidad para tomar a los ciudadanos como rehenes de sus demandas, y además perciben sueldos por encima de la media, sus protestas generan impopularidad y el rechazo a sus reivindicaciones por el daño que causan a los derechos colectivos.
El problema de la Justicia, como el de la Sanidad, no se resuelve con subidas salariales, aunque sus trabajadores vean aliviada su capacidad adquisitiva, porque lo que ambos servicios necesitan son reformas en profundidad y valentía y criterio y voluntad de acuerdo entre gobierno y oposición que, al no producirse, provoca que los proyectos para mejorar el servicio –que los jueces juzguen, y los fiscales instruyan, por ejemplo-, no terminan de materializarse y se sigue padeciendo una justicia lenta que no es justicia. .