El Gobierno no ha informado sobre los pactos con sus socios. En contra de lo anunciado, al finalizar el debate parlamentario del pasado miércoles sobre los tres polémicos decretos que finalizaron con un controvertido acuerdo con Junts, no dio las necesarias explicaciones, aunque sí lo hizo la portavoz de los independentistas, Míriam Nogueras, y sus palabras no fueron tranquilizadoras. 

Una vez más, el Ejecutivo faltaba al respeto a la ley de transparencia, pero el problema va más allá del oscurantismo: en este caso, el pacto con Junts tenía trampa. Por no decir muchas trampas. Lo sorprendente es que Carles Puigdemont y quienes le asesoran no se preocuparan por conocer suficientemente las leyes españolas ni la Constitución. De conocerlas, no hubieran aceptado un pacto de imposible cumplimiento.

El tránsfuga independentista centró todo el interés, todas las instrucciones, en conseguir que se eliminara de la Ley de Enjuiciamiento Civil el artículo que paralizaría su proceso de amnistía en el caso de que se presentara ante el tribunal europeo una cuestión prejudicial. No hace falta esa cuestión para paralizarlo: la ley española, que prevalece frente a la europea, recoge que el proceso se frena si la cuestión prejudicial la presenta un juez del Tribunal Supremo ante el Constitucional, que es lo que se prepara desde el Supremo si se aprueba la ley de amnistía.

Segundo. El éxito de Junts al conseguir que el Gabinete transfiera a Cataluña las competencias como inmigración no será tal: la Constitución recoge que esas competencias son del Estado y no caben interpretaciones como en el caso de la amnistía, porque la Carta Magna no se pronuncia de una forma concreta sobre el perdón, pero sí lo hace sobre la política de inmigración. 

Se puede decir abiertamente que Pedro Sánchez ha hecho trampas, o las ha hecho a través de sus negociadores Félix Bolaños y María Jesús Montero, que han tenido como interlocutores a dirigentes independentistas que no se cuidaron de asesorarse previamente a iniciar negociaciones con personajes del sanchismo recalcitrante, que no tienen límite para conseguir lo que buscan ni les duelen prendas en recurrir al engaño. 

Dicho esto para tranquilizar a quienes entraron en pánico al comprobar que Sánchez profundiza en la desmembración del Estado, tanto en el aspecto territorial como legal; y dicho también para apaciguar a un PNV que se ha apresurado a exigir lo mismo que ha exigido Junts aunque no se puede cumplir, el debate ha puesto de manifiesto asuntos de extrema gravedad, el principal de ellos la falta de respeto del presidente a las leyes y a la Constitución.

El debate marcó en rojo una fecha en el calendario político. Habrá un antes y un después del 10 de enero, en el Gobierno y en el PSOE y también en el resto de los partidos.

El PSOE y el propio presidente salen muy tocados por la tramitación de unas leyes que ponen en riesgo las propuestas más importantes que había presentado Sánchez en su programa electoral y en su investidura. Sobre todo las sociales, para las que necesita que la Unión Europea desbloquee los 10.000 millones que quedan por transferir a España. 

Bruselas pone una serie de condiciones económicas y políticas para facilitar los fondos y, hasta el momento, la Moncloa solo cumple algunas. Para cumplirlas en su totalidad, Sánchez tendría que incumplir las exigencias de sus socios, por lo que la situación es endiablada. Más todavía porque se celebran dos elecciones importantes en los próximos meses, las gallegas y vascas, y todas las formaciones se mueven sin perder de vista esas dos citas. 

El PP apenas presenta iniciativas, se centra en el ataque al Gobierno con material sobrado para hacerlo. Pero empiezan a surgir voces de alarma. El PSOE sí tiene por su parte hoja de ruta, que complementa la que adoptaron tras su rotundo fracaso de las elecciones de mayo, cuando el PP se hizo con una mayoría autonómica y municipal nunca conocida. Ante esa situación, se centró en colocar en el mismo plano ideológico al PP y a Vox, con excelente resultado en los comicios de julio, y ahora se mantendrá en la misma línea.

El punto flaco del Ejecutivo en estos momentos es Sumar. No hay fisuras en el sanchismo, pero sabe el presidente que, en caso de encontrarse en minoría, pueden movilizarse millones de votantes para intentar que el PSOE vuelva a sus orígenes, recupere su sentido de Estado, el respeto al Estado de Derecho y deje de instrumentalizar las instituciones a su favor.

Una izquierda dividida

Un socialista de nuevo cuño, crítico con el sanchismo, confesaba estos días que en ningún caso levantará nadie la mano contra Sánchez, pero que si existe la posibilidad de que pierda el sillón presidencial, se pondrá en marcha una operación de relevo.

Podemos es el principal problema que le ha surgido a Sánchez, o más bien Sumar, con una Yolanda Díaz que ha perdido la confianza política por no haber sabido abordar con inteligencia la relación con los morados. El 10 de enero ha sido fecha aciaga para la líder de Sumar, porque es la primera vez que se ha visualizado que la formación que ahora dirige Ione Belarra no apoyará de forma incondicional al Gobierno, al que coloca en una situación de inseguridad. Si Díaz no logra buen resultado en Galicia, su actual caída libre se puede convertir en mortal.

Sánchez ha demostrado su capacidad de supervivencia en situaciones que parecían insuperables, pero ahora tiene varios frentes abiertos y un partido en la oposición que le ganó las elecciones. Es decir, que depende de la lealtad de socios que, aunque saben que con el PP no conseguirán ni referéndum ni amnistía, también están pendientes de la reacción de sus votantes.