Superado con nota el reto de la cumbre OTAN, con un éxito indudable, llega el momento de retomar la actividad política con normalidad y abordar los asuntos que de verdad preocupan a los españoles, que no siempre coinciden con los que más preocupan al gobierno y a los partidos de la oposición.

Llega el lío, el momento de que Sánchez pacte los apoyos necesarios para sacar adelanto los Presupuestos Generales del Estado, que vendrán condicionados por los acuerdos que se ha tomado en la cumbre de Madrid, y también el momento de ver qué hace el gobierno con una inflación descontrolada, los precios del combustible o la cesta de la compra imposibles de asumir por la mayoría de las familias españolas, el recibo de la luz en cotas astronómicas y las vacaciones un bien que este año solo se lo podrá permitirse un sector de privilegiados.

No parece que esos problemas le afecten excesivamente al presidente de gobierno, que se mueve en otros escenarios. Su prioridad ahora estará centrada en aprobar los PGE. Bruselas presiona, pero tiene derecho a hacerlo entre otras razones porque envía miles de millones de euros en fondos que exige que se utilicen para aquello para lo que fueron creados. Y también presiona la OTAN con sus decisiones, incluidos los nuevos destructores para la base de Rota y la ampliación del presupuesto de Defensa, que con toda seguridad tendrán que ser negociados con el PP, pues Podemos ya ha dicho que no cuenten con él –habrá que ver qué hace Yolanda Díaz- y los socios habituales también expresan públicamente sus reticencias, que solo retirarían a cambio de las habituales prebendas económicas y políticas.

Tal como están las cosas ahora a un Sánchez que mira más hacia afuera que hacia dentro, le convendría llegar a acuerdos con Feijóo, que apoya al gobierno cuando considera que debe hacerlo por el bien de todos. Pero a Sánchez no le interesa excesivamente que se potencia la imagen del PP como partido serio, cuando lleva meses acusando a Feijóo de falta de sentido de Estado.

A esto hay que añadir la obsesión del gobierno por hacerse con el control de las instituciones y de las empresas públicas. El caso de Indra es sangrante, y puede ser anulado porque incumple las reglas de la competencia. En cuanto a la decisión de permitir que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos consejeros que le corresponden para el Tribunal Constitucional, cuando el gobierno le impide cubrir las más de 60 vacantes en órganos jurisdiccionales porque el Consejo está en funciones, es una barbaridad de tal calibre que también podría ser anulada por el propio Tribunal Constitucional. Con el añadido de que el fallecimiento de una magistrada del ala considerada progresista impediría ahora mismo que la renovación llevara a la mayoría afín que busca Pedro Sánchez en ese tribunal.

Es tiempo por tanto de apagar la merecida euforia, para atender problemas de urgencia máxima.