Consuelo Cascales puede ser usted, querido lector. Es una albacetense que heredó un piso antiguo en la calle Doctor Ferrán y que para reformarlo lo hipotecó. Para pagar ese préstamo lo puso en alquiler y hace cuatro años una inmigrante entró como inquilina. En principio todo era normal, pero hace un año y medio, la arrendataria dejó de pagar, pero Consuelo tiene que hacer frente a los gastos del piso de luz, agua y gas, además de la hipoteca. La propietaria es contable, tiene un sueldo, pero no puede hacer frente a tantos gastos e inició una huelga de hambre para protestar por esta injusticia. La inquilina alega que es una persona vulnerable por lo que la legislación la protege, pero ¿quién protege a Consuelo? ¿quién protege su propiedad privada? Aquí entran en confrontación dos derechos recogidos en la Constitución española, hoy tan denostada: por una parte, el derecho a una vivienda digna y, por otra, el derecho a la propiedad privada y la herencia. ¿Cuál prevalece? La Justicia actúa de manera excesivamente lenta y provoca perjuicios a una de las partes. Hubo dos intentos de desahucios, abortados por sendas tretas legales, y mientras tanto sobre Consuelo recae toda la responsabilidad de la situación fraudulenta. Pongamos el caso de que Consuelo deje de pagar alguno de los recibos de servicios que disfruta la inquilina sin abonar nada, ¿qué ocurriría? Seguramente, las compañías suministradoras actuarían sobre Consuelo y las deudas tendrían consecuencias graves. Consuelo vive en sus carnes la injusticia de un sistema demasiado burocrático y poco resolutivo que en vez de intentar igualar a los ciudadanos por lo alto, lo hace por lo bajo y convierte a miembros de la clase media en personas vulnerables. El caso de Consuelo necesita una solución, ya.