La Delegación Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo resolvió recientemente su convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. Esa línea de ayudas, financiada íntegramente por la Administración General del Estado, depara la distribución de 8.266.000 euros en la provincia de Albacete, con las que se impartirán 204 acciones formativas.

Esos fondos se destinan a las iniciativas de entidades de formación, tanto públicas como privadas, que serán las encargadas de seleccionar a los participantes. La previsión es que estos sean algo más de 3.000, con la mayoría de los cursos destinados a 15 personas, aunque las hay en un arco de 10 a 20. 

La cantidad destinada a la provincia es ligeramente superior a la de la anualidad anterior supone el 21,5% de los fondos de los que disponía Castilla-La Mancha. Casi siete millones y medio de euros servirán para subvencionar actividades conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad (instrumento que acredita, en el ámbito laboral, el conjunto de competencias profesionales que ha de poseer una persona para el desarrollo de una actividad laboral identificada en el mercado de trabajo). Estos serán un total de 157 cursos, financiados por el presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional, con una duración superior a 500 horas en su mayoría.

Mientras, los 826.000 euros restantes van a 57 acciones de menor duración, de entre 60 y 210 horas de duración, que no dan acceso a esos certificados. En este caso, los fondos provienen del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

En cuanto al perfil de quienes podrán participar en esos cursos, la convocatoria los dirige de forma prioritaria a personas trabajadoras en situación de desempleo o trabajadores agrarios inscritos como demandantes de empleo en alguna de las oficinas que forman parte de la red Emplea de Castilla-La Mancha.

Además, podrán participar trabajadoras ocupadas en un porcentaje de hasta el 30% del total de participantes programados en el curso. Los fijos discontinuos, durante los periodos en que no trabajen, y aquellos incluidos en un expediente de regulación temporal de empleo, no computarán como ocupados a los efectos del cálculo de ese porcentaje.

Dado que la finalidad es facilitar la inserción laboral, se prevé dar prioridad en asignación de plazas a colectivos como desempleados de larga duración, mayores de 50 años, personas residentes en localidades consideradas despobladas, o menores de 30 años con especiales dificultades de inserción.

De acuerdo a la norma que regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, las temáticas de las acciones formativas fueron escogidas de entre un listado que se ajusta a los perfiles más demandados en el mercado laboral. 

En el caso de las acciones conducentes a certificados de profesionalidad, son amplia mayoría las que se incluyen en la tipología de formación práctica en centros de trabajo, vinculados al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, con predominio de cursos relacionados con la logística, trabajos de almacén, mantenimiento de vehículos, atención sociosanitaria o marketing, entre otros. Mientras, las competencias digitales son el grupo más común entre los cursos sin certificado.

En cuanto a los beneficiarios, aproximadamente el 60% de las acciones serán desarrolladas por empresas privadas. Las restantes corresponden a entidades públicas o sin ánimos de lucro. Entre ellas, ayuntamientos, fundaciones, asociaciones del ámbito sociosanitario o empresariales. De todas ellas, es la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) la que cuenta con un mayor número de propuestas subvencionadas, hasta un total de 17. 

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