Las estadísticas sobre regulación de empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social indican una práctica vuelta a la normalidad del mercado laboral albacetense tras el terremoto que supuso la pandemia del Covid-19, en la que se alcanzaron cifras récord de trabajadores en esa situación a través de expedientes temporales de regulación (ERTE).
De hecho, la situación fue tal que el anuario del Ministerio no incluye aún datos definitivos para 2020, aunque los cálculos señalaban que fueron cerca de 23.000 personas en la provincia las que vieron suspendidos temporalmente sus contratos, a través de algo más de 4.700 solicitudes de empresas.
Mientras, en cifras totales de 2022, fueron 48 los expedientes de regulación de empleo presentados, con 547 trabajadores afectados, lo que supone unos descensos más que notables sobre los datos de 2021, ejercicio en el que se sumaron 794 y 3.031 respectivamente, al estar todavía vigentes algunos ERTE principalmente en los primeros meses del año, hasta que concluyeron el estado de alarma, los cierres perimetrales por regiones y las limitaciones a determinados sectores económicos. En concreto, las cifras del pasado año suponen un 94% menos de expedientes y un 81% de personas afectadas.
Los datos de regulación sí siguen, en cualquier caso, algo por encima de los de 2019, el último año completo antes de la pandemia, cuando se registraron 25 expedientes, casi la mitad que los de 2022, y resultaron afectados 309 trabajadores, un 43% menos.
En esas cifras totales, la evolución de la situación laboral en la provincia es bastante parecida a la que se dio a nivel regional y nacional, aunque algo más positiva en general en el territorio albacetense. Así, 2022 dejó en Castilla-La Mancha 196 expedientes de regulación de empleo con 4.522 trabajadores incluidos (suponiendo los albacetenses solo un 12% de ellos), lo que supone más de un triple que las cifras de 2019 (67 y 1.416), mientras que las cifras de 2021 eran considerablemente más abultadas, con 3.060 empresas y 14.545 personas.
Mientras, en España se contabilizaron el pasado año 6.175 y 294.702 contratos suspendidos o modificados, también aún más del triple que en 2019 (cuando fueron 2.169 y 88.927). Por su parte, 2021 concluía con 49.556 expedientes y 603.399 trabajadores afectados.
tipología. De los expedientes registrados en la provincia, el tipo mayoritario fue el de suspensiones de contrato, que afectó a 392 de los 547 trabajadores (un 71,6%), mientras que las reducciones de jornada supusieron un 18,2% del total (100 personas) y los despidos colectivos el 10 por ciento restante, con 55 personas que perdieron su empleo.
Los significativos cambios en los sectores afectados por los expedientes de regulación muestran a las claras cómo ha cambiado la situación económica una vez que se levantaron las restricciones adoptadas a causa del virus.
De hecho, en 2021 casi el 94% de los trabajadores afectados en la provincia pertenecían a empresas del sector Servicios y, de ellos, más de 1.800 desarrollaban sus labores en negocios de hostelería, que en los primeros meses aún estuvieron sometidos a cierres o limitaciones de aforo. Mientras, los ERE en industrias suponían solo el 5,1% del total, por el 4,6% de la construcción y una presencia anecdótica del sector agrario, con solo cuatro trabajadores incluidos.
Sin embargo, en el pasado ejercicio (y con las cifras totales mucho más bajas, como ya se mencionó), pasaron a ser mayoritarias las regulaciones de empleo en Industria, con el 79% de los trabajadores incluidos en algún tipo de expediente (433 de 547), mientras que los del sector Servicios pasaban a ser solo el 18,6% y los de la construcción un 2,2%.
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