Tanto el Reglamento 2021/2115 de la UE, como el Real Decreto 1049/2022 de 27 de diciembre establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad que deben cumplir los agricultores y ganaderos para ser beneficiarios de las ayudas de la PAC. Estas normas de obligado cumplimiento se establecen en las denominadas 'Buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra' (BCAM) y que en teoría pretenden compaginar la producción agraria con el mantenimiento del medio rural. El problema radica, denuncia Unión de Uniones, en que estas 10 BCAM se han aprobado en despachos de la Comisión y del Ministerio por funcionarios que, en muchos casos, no han pisado el campo, por lo que a veces se está provocando el efecto contrario al que se pretende conseguir.

Como ejemplo ponen lo que está sucediendo con la BCAM 6, que pretende que los suelos mantengan una cubierta mínima para evitar los suelos desnudos y por este motivo no permiten el labrar los suelos entre la recolección de la cosecha y el 1 de septiembre. Lógicamente, si una vez cosechado el cereal no se labra la tierra, está se cubrirá de malas hierbas, lo que se traducirá en un mayor consumo a la campaña siguiente de herbicidas. Tampoco se permite la realización de tratamientos agrícolas en las tierras de barbecho entre los meses de abril y junio, lo que provoca el mismo mal.

La organización calcula que esta medida, sobre todo en ciertas regiones donde la cosecha es más temprana, provocará un tratamiento adicional a base de tres litros glifosato y un litro MCPA por hectárea. Esta denuncia de Unión de Uniones coincide con un estudio -hecho público este mismo martes- encargado por el grupo de los Verdes en la Eurocámara y elaborado por la Red de Acción en Plaguicidas de Europa, que alerta de que aguas superficiales de una decena de Estados miembros de la Unión Europea, incluido España, están contaminadas con el herbicida glifosato.