El anuncio por parte de Gobierno de un nuevo gasto de 3.000 millones de euros para que varios millones de familias puedan hacer frente a la subida del precio de las fuentes de energía revolucionó ayer de nuevo el discurso político y le costó al presidente, Pedro Sánchez, que se le acusase por la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, de desempolvar la lucha de clases y de gastar sin control. Tanto el anuncio de Sánchez como la crítica instantánea de Gamarra confirman el poder que históricamente se le atribuye al BOE, tanto por lo que supone de ayuda al Gobierno como por lo que estrecha el terreno de juego a la oposición cuando lo que se publica en las páginas oficiales son medidas de alcance social.
El Gobierno lleva ya varias semanas tomando la iniciativa de la acción política a través de la adopción de decisiones para que millones de ciudadanos y familias de España afronten los efectos de la crisis global con el menor impacto posible. Y no es menos cierto que alguna de ellas, como la reducción del IVA del gas del 21% al 5%, lo hizo después de que el Partido Popular llevase dos semanas insistiendo en ello. Sin embargo, se viene observando que en paralelo a los anuncios de medidas se suceden las críticas de la oposición, en especial desde el PP, utilizando como argumento que su aplicación supone un gasto desmesurado de dinero público, que continúa elevando el endeudamiento de la nación. Ayer mismo, Gamarra dio la bienvenida a los 3.000 millones para que el 40% de las familias españolas puedan encender la calefacción este invierno con la acusación de que el Gobierno gasta como si no hubiera un mañana.
El discurso del PP tiene un riesgo del que habría que advertirles ante la evidencia de que la cuadratura del círculo no existe, por lo que a corto y medio plazo puede quedarse sin relato. En tiempos de crisis como la actual, es imposible exigirle al Estado que despliegue medidas de protección social a familias y empresas por la subida de precios y al mismo tiempo pedir contención del gasto. Más aún, cuando el país acaba de salir de una crisis sanitaria con una repercusión histórica en sus cuentas públicas, precisamente por haber dado una respuesta desde lo público acorde a una nación que ofrece a sus ciudadanos un estado del bienestar.
Lo paradójico es que si no se planteasen ayudas en este momento, la acusación sería por dejar en desamparo a los ciudadanos. Todos los partidos en el Gobierno saben que cualquier medida va a dejar afectos y desencuentros, pero que la oposición califique de electoralismo, desplegar medidas de apoyo en momentos delicados como el actual no puede darse por bueno ni siquiera en el discurso político, que lo aguanta casi todo. Ahora bien, la gran incógnita llegados a este punto es si la ciudadanía en general conoce los costes y las consecuencias de lo que pide al Estado.