Se ha cobrado la vida de decenas de personas en la última década en Países Bajos. Pero ahora la guerra contra el crimen organizado ha puesto en jaque la democracia de la nación, puesto que en el punto de mira de grupos ligados al narcotráfico se han situado la heredera al trono neerlandés, la princesa Amalia, y el primer ministro, Mark Rutte, que han visto cambiar sus vidas drásticamente para mejorar su seguridad. La primera ha tenido que reducir drásticamente sus movimientos, hasta casi quedar confinada en su domicilio familiar, al que se ha visto obligada a volver para reforzar su protección -solo sale de casa para acudir a la universidad, según declaró su madre, la reina Máxima-; mientras, el político cuenta con mucha más protección en estos últimos meses, ante el temor de que pueda producirse un magnicidio -de hecho, ha tenido que abandonar su costumbre de acudir al trabajo en bicicleta-.
Los grupos del crimen organizado en Países Bajos son conocidos como Mocro Mafia, están formados principalmente por ciudadanos neerlandeses y de origen marroquí o surinamés, y desde hace una década libran una guerra territorial entre bandas enemigas iniciada tras la desaparición de un cargamento de cocaína del puerto belga de Amberes. A la par, ha crecido el negocio en Europa: hay más cocaína entrando por el puerto de Róterdam, y hay grupos produciendo en Países Bajos drogas sintéticas como el éxtasis. Es «un negocio internacional» y no se puede distinguir entre estos grupos porque operan a «una escala internacional, con criminales neerlandeses actuando en Sudamérica, y viceversa». «La cantidad de dinero en juego es tan grande que estos criminales usan lo posible para salvar su negocio, incluidas amenazas, intimidación, uso de la violencia, corrupción», señala el criminólogo Emile W. Kolthoff.
Es «muy importante» recordar que, en lo que afecta a la princesa Amalia y a Rutte, son «amenazas, no violencia real», y podría haber varias razones detrás, sin olvidar que las alertas vienen de un grupo que tiene en la cárcel a su líder, Ridouan Taghi, detenido en Dubai en 2019 y actualmente el centro de un juicio a 16 sospechosos por varios asesinatos. «Las amenazas podrían estar destinadas a confundir al Gobierno, tenerlo entretenido, sin la intención de realmente hacer algo; o tener a la policía ocupada: se requieren muchos recursos humanos para proteger a estas figuras públicas, y esto quita capacidad de atender casos en los que los criminales están operando», explica.
Además de estas dos hipótesis, Kolthoff no descarta que los criminales busquen «mostrar su poder de que están dispuestos y pueden hacerle algo a figuras públicas, como ya hicieron en el pasado» al matar en 2019 al abogado Derk Wiersum, representante de un testigo protegido contra Taghi; y el año pasado al conocido reportero de investigación Pieter de Vries.
Como cuarto planteamiento, el experto cree que el arrestado podría estar enviando un mensaje al Ejecutivo de que, a pesar de estar entre rejas, «sigue teniendo el poder de amenazar a las autoridades».
Aunque es difícil tener una imagen clara de estos grupos, muchos criminales de la Mocro Mafia están en listas de las autoridades, algunos están en prisión -como la mano derecha de Taghi, Said Razzouki, capturado en Medellín en 2020-, y otros están huidos o en otros países.
Jóvenes de barrios pobres
Uno de los principales focos del Gobierno son los jóvenes de zonas desfavorecidas que encuentran en el crimen organizado una opción de futuro. «Eso requiere mucho trabajo y dinero, estos jóvenes son reclutados de barrios pobres, de los que abandonan las escuelas, o tienen poco futuro, y el crimen es una alternativa atractiva para hacer un buen dinero en muy poco tiempo», detalla el criminólogo.
La estrategia requiere empezar a invertir en estos barrios, pero es «muy difícil cuando se está compitiendo con los enormes salarios que ofrece» el crimen organizado.