Desarticulan una banda que estafó en la provincia

REDACCIÓN
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Robaban la cartera a sus víctimas y después daban de alta contratos falsos a su nombre

Un efectivo de la Guardia Civil.

En el marco de la Operación Uzurpator, la Guardia Civil de Alicante ha detenido a 3 personas como presuntos autores de diversos delitos de hurto, estafa, usurpación de identidad y falsificación de documentos, realizados de forma continuada. Operaban desde hace un año en las provincias de Alicante, Albacete y Murcia.

Tras recibir la denuncia de un ciudadano al que le habían robado la cartera con su documentación, y al que posteriormente habían estafadp dando de alta un contrato a su nombre sin su consentimiento, la Guardia Civil inició la investigación.

En una operación conjunta entre el Puesto de San Juan y Jijona, los agentes  localizaron a la persona que había robado la cartera al denunciante. Se detuvo al presunto autor de los hechos: un carterista residente en la localidad de Elda. Los agentes emprendieron entonces un exhaustivo estudio de la actividad del  delincuente y poco después averiguaron que no se trataba de un caso aislado, sino que había más perjudicados a los que les ocurrió algo similar.

Después de las primeras indagaciones, los agentes constataron que se trataba de una banda perfectamente organizada en la que operaban tres personas.

El primero de ellos, el carterista detenido en Elda , se dedicaba a robar la documentación aprovechando el descuido de sus víctimas y fue detenido en la primera fase de la operación. Una vez que este conseguía los documentos de identidad originales, los vendía al líder del grupo, que era el cabecilla encargado de suplantar la identidad de los perjudicados.

Se detuvo a tres varones de 36, 40 y 63 años, de nacionalidad española, a los que atribuyen 65 delitos continuados de hurto, estafa, usurpación de identidad, falsificación de documentos y pertenencia a grupo criminal. Otras seis personas fueron identificadas y encausadas como presuntos colaboradores puntuales de la banda. Estafaron 80.000 euros y fueron siete los ciudadanos perjudicados.