La península ibérica vivirá esta semana una ola de calor excepcional para esta época del año. Se esperan valores más propios de julio y agosto que de abril, llegando a marcar casi 40 °C los termómetros en algunas zonas del sur de España. Las anómalas temperaturas y los prolongados periodos sin lluvias son cada vez más recurrentes, lo que no solo certifica que el calentamiento global avanza con paso firme, sino que se intensifica y acelera. Las previsiones, además, no invitan al optimismo. La Agencia Estatal de Meteorología constata ya este como uno de los peores años hidrológicos y no pronostica borrascas en el horizonte. Las reservas de agua en muchos embalses están bajo mínimos y la sequía ya tiene efectos devastadores en la agricultura, donde la falta de riego pone en peligro la cosecha. La crisis del campo, que afronta costes de producción altísimos desde que estalló la guerra de Ucrania, genera una reacción en cadena. Sin lluvia será todavía más difícil que bajen los precios de los alimentos. La tormenta perfecta sin que caiga una gota del cielo.
Ante este panorama y la agónica petición de auxilio de las organizaciones agrarias, el Gobierno mueve ficha. Las ayudas y subvenciones antes de las elecciones no van a hacer llover y está por ver que den votos, pero al menos inyectarán liquidez en muchos agujereados bolsillos. El BOE publicó ayer por sorpresa una rebaja fiscal del 25% en el IRPF de agricultores y ganaderos que alcanzará a 800.000 profesionales y supondrá una reducción de la base imponible estimada en 1.807 millones de euros, la de mayor alcance de la última década. A su vez, Agricultura mantiene que trabaja en un decreto con ayudas directas. El propio ministro Luis Planas pidió también ayer a la Comisión Europea flexibilidad en la aplicación de la normativa de la PAC. Está por ver si será suficiente.
La acuciante sequía se ha colado en la discusión política partidaria con las urnas ya desempolvadas. La propuesta de PP y Vox para regularizar regadíos en el entorno de Doñana ha contribuido también a resucitar viejas guerras del agua. Sería una buena noticia para todos, y principalmente para el sector primario, que este problema no se afronte simplemente culpando. Se requiere voluntad política para buscar consensos y soluciones compartidas. Las medidas fiscales o legislativas que se anuncian ahora pueden contribuir a amortiguar durante algunos meses la crisis hídrica, pero son una tirita para la herida climática. Urge acometer inversiones en infraestructuras hidráulicas para aumentar la capacidad de embalse, digitalizar el regadío para hacerlo más eficiente, recuperar ríos o restaurar acuíferos, entre otras muchas actuaciones. Las administraciones deben empezar a trabajar en la planificación hidrológica para paliar los efectos de la próxima sequía, porque esta ya la tenemos encima. Y las amenazas del desafío climático no admiten más demoras, ni estériles enfrentamientos.