La tramitación de una propuesta de una figura de protección europea de productos artesanos no alimenticios, conocida en Albacete como IGP de la cuchillería por la posibilidad de que incluya a ese sector, avanzó en las últimas semanas y está ya en manos del Parlamento Europeo.

Fue el pasado abril cuando se recibía con satisfacción la presentación de un primer marco de protección por parte de la Comisión#Europea que, siguiendo la habitual tramitación para asuntos no urgentes, la remitió al Consejo Europeo para su consideración.#Este órgano informó recientemente de su posición favorable, con algunos cambios a la propuesta inicial, y adoptó una orientación para las negociaciones con el Parlamento Europeo, con el objetivo final de  someter allí a votación un reglamento definitivo para esa protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales. 

Esa orientación general del Consejo es una de las fases del procedimiento de codecisión de las instituciones europeas, según explicaron fuentes del Consejo Europeo a La Tribuna, detallando que la Eurocámara debería aprobar el informe preliminar en el comité JURI (el destinado a las cuestiones jurídicas) a finales de este mes y también deberá ser votado por el plenario del parlamento, muy probablemente a finales de marzo.

A partir de ese punto debería comenzar lo que se denomina trílogo, es decir, una discusión informal entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión para intentar llegar a una posición común que pueda ser adoptada por ambos legisladores (Consejo y Parlamento). No hay un plazo definido para su final y la aprobación del reglamento definitivo, aunque desde Bruselas confirmaron que la actual presidencia sueca quiere iniciar el diálogo antes de que expire su mandato el 30 de junio, con lo que la tramitación incluso podría llegar a buen puerto durante la española, que será el segundo semestre de este año.

La cuchillería albacetense encaja perfectamente con los requisitos de la propuesta de la Comisión que, según indicó en su día, buscaba establecer un registro sencillo para  la protección a escala de la UE (compatible con la internacional recogida en el Acta de Ginebra) con la que ayudar a los productores a proteger y hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, así como incentivarlos, especialmente a las pymes, para que inviertan en nuevos productos auténticos y creen nichos de mercado.