El nerviosismo del tejido productivo español en las primeras semanas del otoño es patente en las relaciones que mantienen los empresarios con sus proveedores, clientes e, incluso, con sus propios trabajadores. Queda lo más complicado del año, que es conseguir un cierre con rentabilidad y solvencia para afrontar los retos del nuevo curso con confianza, a pesar de que la mayor parte de los índices económicos se presentan en negativo por la alta inflación, los precios desmedidos de la energía y el mercado de las materias primas.

El balance de enero a septiembre no ha sido lo que se esperaba e, incluso, las empresas que han podido mejorar su facturación han reducido, por el contrario, su rentabilidad entre un 10% y un 30%, especialmente las del sector turístico que han tenido que hacer frente a unos costes disparados con los que no contaban en la temporada estival.

Indicadores como, por ejemplo, el encarecimiento del dinero, las ventas del sector servicios, la constitución de sociedades, la confianza del consumidor, el ahorro de las empresas y los hogares, la compraventa de viviendas o el desempleo han encendido ya las alarmas para lo que resta de año con un frenazo de una magnitud aún difícil de cuantificar, pero que tendrá un gran impacto en el cierre de 2022 y, sobre todo, en el inicio del nuevo curso 2023, que está ya a la vuelta de la esquina.

En esta línea, organismos financieros de gran prestigio como la AIReF, el Banco de España, el BBVA Research y el FMI difieren sustancialmente de las previsiones del PIB del 2,1% que adelantó el Gobierno de Pedro Sánchez en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, lo que genera una gran incertidumbre e inseguridad en el mundo de la empresa que es el que realmente aporta, en concepto de impuestos y cargas sociales, la mayor parte de la recaudación del Estado.

Evitar que la economía entre en recesión es el gran desafío para 2023, aunque todo apunta a que el primer trimestre va a ser complicado de gestionar.

La realidad es que el número de concursos de acreedores revelan que crecieron hasta los 4.631 en los nueve primeros meses del año, lo que significa un desarrollo interanual del 13% después de que solo en el noveno mes las insolvencias se duplicaran con respecto al mismo tiempo de 2021, hasta las 786, según Axesor an Experian Company.

Así, en solo un mes, los quiebras se incrementaron en un 243%. El radar señala que después de la agricultura, que continúa registrando incrementos relativos superiores al 130% (137,04%), transporte y almacenamiento y comercio son las actividades en las que más aumentó la concursalidad, un 33,74% y un 29,42%, respectivamente.

Los economistas destacan, además, que se encuentran en un escenario difícil de gestionar a la hora de identificar los problemas económicos reales puesto que, por ejemplo, lo que para ellos ha sido siempre el concepto de parado, ahora con la nueva reformulación y con el maquillaje de fijos discontinuos ya no lo son, aunque no estén trabajando ni tampoco perciban un subsidio. 

Seguridad jurídica

Los empresarios vienen exigiendo desde hace tiempo reformas estructurales serias y a largo plazo en materia energética, así como también en lo relativo a fiscalidad, laboral, pensiones y, especialmente, seguridad jurídica para garantizar sus inversiones y su modelo productivo. Consideran fundamental que se legisle con determinación y piden al Ejecutivo que cuente con ellos a la hora de acometer todo tipo de reformas y que no se repita que se enteran de que el Ejecutivo ha incrementando el IRPF un 8,6% más a las rentas más altas después de aprobarse en el Congreso.

En definitiva, hay mucho trabajo por hacer ante la incertidumbre económica e inseguridad política de un país que tiene que hacer frente a problemas como la mayor deuda pública de su historia.