El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almansa, Javier Boj ha pedido  la dimisión de los ediles del PP, Javier Sánchez Roselló, Tania Andicoberry y Longinos Marí, por ser los responsables, dijo, de la tramitación de la planta de biogás en esta localidad porque, añadió, «esto es un asunto más grave que Gibacars, no pueden decir ahora que ha sido un error la tramitación de la planta y que están en contra, cuando son responsables al 100% de la situación actual».

El segundo teniente y concejal de Hacienda, Javier Boj que estuvo acompañado en esta comparencia ante los medios de comunicación por el concejal de Urbanismo  Pablo Sánchez y el de Seguridad, Javier Gimeno, aseguró igualmente que «en toda esta tramitación hay un punto clave que es la exención en pleno de las reglas urbanísticas a la empresa, ahí se vio donde estábamos cada uno, el PP a favor de la planta de biogás, mientras que el  PSOE e IU se mostraron en contra. No hay más».

«El PP ha tenido que trabajar mucho para que esa planta superara todos sus problemas, o lo que es lo mismo, solucionó la falta de permisos de vertidos, los eximió de cumplir los límites urbanísticos y hasta les liquidó una licencia de actividad, son totalmente responsables de la situación en la que estamos», añadió Pablo Sánchez.

Por su parte, el Partido Popular de Almansa ha mostrado públicamente  su apoyo a la ciudadanía en general y a la plataforma 'Stop Biogás' en  particular, ante la posible implantación de la planta de producción de biogás y fertilizantes.

 En este sentido, Tania Andicoberry  pidió  «que no traten de confundir ya que el PP no concedió licencia alguna, sino que el trámite de calificación urbanística sigue abierto», para matizar que «la resolución más favorable que existe en este procedimiento es la resolución de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la Autorización Ambiental Integrada, a la cual, no obstante,  no hemos escuchado referirse la alcaldesa  Callado en ningún momento». En otro orden de cosas, «el Ayuntamiento de Almansa está trabajando para cumplir la ley y acaba de sancionar a la empresa con 90.000 euros por trabajar sin licencia en la planta de residuos», según explicó  el  concejal de Policía y Medio Ambiente Javier Gimeno.