Fuerzas de seguridad españolas han desmantelado una red criminal que operaba en al menos seis ciudades del país y habría organizado un fraude de IVA por valor de 17 millones de euros con la compra y venta de vehículos de lujo, informó este miércoles la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO), encargada de dirigir la investigación por su carácter transfronterizo.
Los 14 registros realizados en Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria se han saldado con 49 detenidos y la incautación de 84 vehículos de lujo (cuatro de ellos valorados en más de medio millón de euros), documentación relevante para la investigación y 200.000 euros en efectivo, además del bloqueo de cuentas bancarias con más de 500.000 euros vinculadas a los investigados.
Agencia Tributaria, Guardia Civil y Policía Nacional han explicado que, de acuerdo a la investigación iniciada en 2021, los investigados habían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal sin abonar el correspondiente IVA.
Según la EPPO, la organización aplicaba de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU) a través de compañías portuguesas "para crear opacidad en la cadena comercial" y usaba empresas ficticias para cometer un fraude intracomunitario en materia de IVA aprovechando que las transacciones transfronterizas entre Estados miembros están exentas de dicha tasa.
Los vehículos de lujo se vendían después a concesionarios en toda España que conocían el origen de los automóviles o se vendían a otras redes criminales vinculadas al narcotráfico, que los usaban mediante un sistema de alquiler o los empleaban para el transporte de las drogas.
El estudio de las cuentas bancarias de más de 200 sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de 660 millones de euros, con origen en España y que después se canalizaban hacia las cuentas en sociedades portuguesas y, desde allí, a las cuentas alemanas de las empresas que suministraban los vehículos.
El fraude total a las arcas públicas -también las europeas- se calcula en unos 17 millones de euros.
Los hechos, que además de fraude de IVA podrían constituir delitos de blanqueo de capitales, se habrían llevado a cabo entre 2019 y 2021.