La izquierda política se equivoca al ver la empresa capitalista como un enemigo a combatir. Disparan desde el BOE convencidos que el enemigo nunca se mueve. La ingenuidad del actual gobierno español ha quedado evidenciada por el desplazamiento de la sede social de Ferrovial, harta de impuestos confiscatorios e inseguridad jurídica. Indra suministra otro ejemplo, aunque aquí quien se mueve no son los individuos sino los mercados. 
Indra es la joya de la corona de las empresas participadas por el Estado español (SEPI). Un ejemplo de la capacidad del capital público unido al privado para introducirse en los mercados más competitivos a nivel mundial. Estamos ante una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría tecnológica en temas como la defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y todo lo que le encomiende el Gobierno. En las próximas elecciones será la encargada del contar los votos. La empresa está participada por el SEPI (Estado) en un 20% con perspectivas de llegar al 28%. El Gobierno de turno hace valer ese 20%, para nombrar a los consejeros. En 2020 el PSOE cesó al presidente, Abril Martorell, a quién se atribuía el éxito de la internacionalización. En 2021 forzó la dimisión los consejeros nombrados por el PP. En marzo de 2023 se ha anunciado el cese del consejero delegado, Ignacio Mateix. Ese mismo día la acción de Indra se desplomó un 7,18%. 
Desde UP se ha criticado a las empresas y empresarios por no estar sujetos a ningún tipo de control. Nada más lejos de la realidad. Los mercados de capitales los controlan día a día. Si Indra pasa a ser un brazo más del poder político, nadie querrá invertir en ella. Su colapso está anunciado.