El comunicado enviado por la Embajada de Israel en España al Gobierno español ha sido extemporáneo, arbitrario y una injerencia en la política interior de un país con el que mantiene sólidas relaciones diplomáticas, fruto del uso interesado de la información y de la tensión que vive su país desde el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. O quizá la Embajada israelí se ha contagiado del ambiente en el que vive la política española y se ha alineado con la versión parcial que se difunde sobre lo que han dicho o dejado de decir los ministros de Unidas Podemos sobre los ataques terroristas de Hamás, condenados sin paliativos y las represalias israelíes que se caracterizan por aplicar la ley del Talión corregida y aumentada sobre la población civil Palestina. 

Que la Embajada de Israel se refiera como "elementos" a algunos de los ministros del Gobierno de España y que reclame al presidente del Gobierno que "denuncie y condene" las vergonzosas aseveraciones de los ministros de Unidas Podemos es una desconsideración impropia del lenguaje diplomático, y más cuando en el comunicado se vierten apreciaciones que no se corresponden con la realidad como afirmar que "se han alineado con el terrorismo tipo ISIS" desatado por Hamás. Los ministros de Unidas Podemos, sobre todo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han condenado sin ningún género de dudas los ataques terroristas de Hamás, pero a continuación han denunciado como crímenes de guerra las actuaciones de Israel sobre la población civil de Gaza en uso, en primer lugar, de la libertad de expresión y en sintonía también con las declaraciones de otros partidos e instituciones internacionales que piden a Israel que respete los convenios internacionales en el ejercicio de la legítima defensa que todo el mundo le reconoce. "Denunciar el genocidio no es alinearse con Hamás, es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror", contestó Belarra al comunicado israelí, que de forma preventiva advierte sobre posibles ataques contra los intereses de su país que hace tiempo que no tienen lugar en España.

El ministerio de Exteriores respondió con no menos dureza al comunicado israelí, y tras repetir la condena a los ataques, pedir la liberación de los rehenes y reconocer el derecho de Israel a su defensa subrayó que la posición del Gobierno en su conjunto es que " la única solución viable para alcanzar una situación de paz y estabilidad en la región" es el reconocimiento de dos Estados que coexistan en paz y seguridad, tal y como ha sido avalado por Naciones Unidas y el propio Pedro Sánchez ha reiterado en la reunión de la Unión Europea en la que se ha fijado la posición común sobre el conflicto, tras las disonancias de los primeros días tras el ataque de Hamás y las primeras declaraciones de la presidenta de la Comisión, Úrsula Von der Leyen. Las relaciones entre España e Israel son de colaboración y las propias de dos países que mantienen buena cooperación en múltiples terrenos, pero no se debe olvidar que una parte significativa de la sociedad española es tradicionalmente pro palestina, como víctima de la situación histórica

A lo que no está dispuesta la parte socialista del Gobierno es a tomar en consideración la exigencia de Sumar de que España reconozca de forma unilateral al Estado palestino. Una vez más, y en consonancia con la posición común del Congreso, adoptada en 2014, España irá de la mano del resto de países europeos en este asunto. Desde que se desató el ataque a Israel y la respuesta sobre la Franja de Gaza, el Partido Popular no ha dejado pasar la oportunidad para señalar que las discrepancias dentro del Ejecutivo hacen de España un país poco fiable, en lugar de apoyar la posición española, que precisamente es la que también mantiene el PP cuando su portavoz, Borja Sémper, afirma que "mezclar a Hamás con Palestina y la Franja de Gaza es un profundo error que perjudica a todos los ciudadanos de Palestina", y reconoce el derecho de Israel a su defensa, "dentro de la legalidad internacional". O sea, que dicen lo mismo, pero no sin antes minusvalorar al Gobierno en un asunto de política exterior que se supone que es política de Estado y objeto de consenso.