El Pacto Verde y las estrategias de biodiversidad y De la Granja a la Mesa sobre las que se fundamenta la PAC que entra en vigor el 1 de enero de 2023, esconden una lista de limitaciones y restricciones para la agricultura productiva en el horizonte 2030, restricciones fijadas sin ninguna base científica, y que atienden únicamente a intereses ideológicos. De hecho, distintos estudios de impacto realizados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Universidad de Wageningen en Holanda o el Joint Research Center de la Comisión Europa, coinciden en que el Pacto Verde llevará a Europa a una reducción de la producción, una mayor dependencia del exterior, un incremento de costes de producción, al incremento de precios al consumo y a una reducción del PIB.

Da igual lo que digan los estudios, la Comisión y los grupos eco-radicales quieren imponer esta agenda cueste lo que cueste, a expensas de la agricultura productiva europea, y nada les apartará de esa meta. Ni el COVID, que nos ha hecho ver lo vulnerables que somos cuando dependemos del exterior, ni la guerra de Ucrania, ni la crisis energética (otro ejemplo de dependencia exterior), ni el aumento de los costes, ni la inflación, han hecho reflexionar a los gobernantes europeos, y tampoco a los españoles. Mucho menos les importa lo que les pueda pasar a los agricultores y ganaderos. Tanto es así, que la PAC, la Política Agraria Común, se ha hecho de espaldas al campo, de espaldas a quienes tienen que llevar a cabo las medidas que impone, de espaldas a quienes van a sufrir los efectos de la misma, de espaldas, en resumidas cuentas, a sus protagonistas y a los que más saben de agricultura y ganadería.

Para hacernos una idea de lo que le importa a Bruselas el sector primario, baste decir que ayer, en la oficina de la Comisión Europea en Madrid, se celebró un debate sobre la PAC en el que participaron representantes de las administraciones europea y nacional, ecologistas, científicos, cooperativas, pero con una ausencia destacada, la de los representantes de los agricultores y ganaderos a pesar de que estos últimos, los profesionales de la agricultura,  deberían haber sido los verdaderos protagonistas. Nada nuevo, por cierto, pues hay que recordar que la presentación en sociedad de la estrategia De la granja a la mesa, la hicieron en su momento el vicepresidente de la Comisión Europea y los comisarios de Sanidad y Medio Ambiente, en un acto en el que no participó el comisario de Agricultura. 

Este continuo ninguneo al sector agrario es un reflejo de la realidad virtual (el metaverso de la PAC, lo denominamos en ASAJA) en la que viven los burócratas europeos, mientras que a los agricultores solo nos queda hacer frente a la cruda realidad: una PAC perjudicial para nuestros intereses y que se ha orquestado de espaldas al campo. La jornada organizada ayer por la Comisión en Madrid es una prueba más de ello.

El Pacto Verde asesta un duro golpe a la agricultura europea y pone en cuestión la seguridad alimentaria en un momento en el que ha quedado patente el papel esencial del sector agrario como garante de la alimentación de la sociedad. 

El artículo 39 del Tratado de la Unión Europea nos da los principios en los que se basaría la creación de la PAC: garantizar un acceso fiable, seguro y razonable a los alimentos; incrementar la producción agraria y mejorar la renta de los agricultores. Hoy, la nueva filosofía de la PAC no tiene nada que ver con los motivos que la impulsaron. Tanto la pandemia como la guerra de Ucrania han tensionado el mercado agroalimentario y energético mundial de tal manera que si hay algo evidente es que cualquier gobernante debería velar, en primer lugar, por garantizar que los ciudadanos tengan acceso a alimentos sanos, a un precio razonable y en cantidad suficiente.

Si queremos que la PAC cumpla con sus objetivos primigenios, atacar a los productores de alimentos no parece buena idea. Sin agricultores en el campo, no habrá comida en la mesa.

Se habla mucho de una agricultura sostenible. Los productores somos los primeros interesados en que así sea, pero la sostenibilidad tiene que ser, además de social y ambiental, económica. Sin rentabilidad no habrá sostenibilidad y eso debemos tenerlo todos claro, salvo que lo que se persiga es terminar con la agricultura productiva en Europa y sustituirla por una agricultura decorativa, con los agricultores -los pocos que queden- de jardineros. En este caso, tendrán que explicar a quién interesa que aquí dejemos de producir alimentos para importarlos, con la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria y, también, con la "contaminación importada" que esto supondría y que contradeciría el discurso verde imperante. 

Todos los pasos que se dan van en la línea de echar a los agricultores y culparlos de todos los males. Por ejemplo, si hay escasez de agua, se criminaliza el regadío. No se invierte y se trabaja en regadíos eficientes que garanticen las necesidades alimentarias de la sociedad; no, se restringen o se prohíben, a pesar de existir muchas opciones para optimizar los recursos hídricos, empezando por modernizar aquellos sistemas obsoletos que llevan décadas malgastando el agua. Pero esto último, que sucede en muchas zonas y que desde ASAJA se ha denunciado, no urge arreglarlo. 

La Unión Europea basa su política en la prohibición, relegando, contra toda lógica, la innovación y las nuevas técnicas de producción a la hora de abordar las inquietudes climáticas. Sin embargo, desde ASAJA apostamos por la ciencia y la investigación para impulsar modelos sostenibles de agricultura no reñidos con el progreso, sino apoyados esencialmente en la ciencia. 

En agricultura apenas hay relevo generacional y en diez años más de la mitad de los agricultores actuales estarán jubilados, pero ante las políticas que se adoptan cabe preguntarse si eso es precisamente lo que persigue Bruselas: una PAC sin agricultores. 

(*) Blanca Corroto González, vicepresidenta de ASAJA Castilla-La Mancha